Denuncian abusos contra ex braceros

MORELIA, Mich., 13 de septiembre de 2011.- Trabajadores de Telecomm-Telégrafos, pseudolíderes y abogados pretenden arrebatar su patrimonio a ex braceros mexicanos, al arrebatarles cantidades que oscilan entre los 500 y los 10 mil pesos del apoyo de 38 mil pesos que reciben como del gobierno federal, denunció la coordinadora en Michoacán de la Unión Binacional Braceroproa, Alma Delia Fraile Barosio. Durante el bloqueo que alrededor de 70 ex braceros realizaron en la Avenida Madero, frente a las oficinas de Telecomm-Telégrafos para denunciar los hechos y demandar el pago de los 38 mil pesos a los ex migrantes michoacanos que están pendientes, la lideresa aseguro que tal situación ha sido reportada ante autoridades federales, que sin embargo han dicho que en el caso de los funcionarios que cobran por realizar el trámite de pago no se les ha podido hacer nada por ser sindicalizados. Además, Alma Delia Fraile reveló la presencia en Michoacán de pseudolíderes y abogados que cobran desde 500 hasta mil pesos o más para la supuesta realización de trámites que son gratuitos y que aseguran que las gestiones no se pueden hacer a través de la Unión Binacional Braceroproa, que en los hechos tiene más de 13 años de lucha del lado de los ex braceros. La lideresa también señaló que existen acciones del gobierno federal que retrasan los pagos a los es trabajadores migratorios mexicanos, pese a que éstos ya han aparecido en los listados para que acudan por sus cobros correspondientes, motivo por el cual se ha realizado una serie de movilizaciones de presión que han permitido la agilización de algunos de los trámites. Finalmente, en cuanto al anuncio del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para respecto de la posibilidad de que el próximo año se presupueste la totalidad de los pagos pendientes a ex braceros, Fraile Barosio consideró que ello es posible, pero aseguró que se trataría de una medida de carácter político-electoral, ante lo cercano de las elecciones federales, lo que reprobó por considerar que se pretende lucrar con los recursos que ya pertenecen a este sector de la población.