Delitos ambientales, amenaza para la sociedad: Profepa

MÉXICO, DF, 18 de octubre de 2015.- Es necesario modificar y armonizar los marcos normativos de los países de América Latina para que los delitos de tráfico ilícito de flora y fauna silvestres sean reconocidos como graves y sus penas sean proporcionales a dicha gravedad.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en lo anterior coincidieron  representantes de 18 países que participaron en la “Conferencia regional de aplicación de la ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas”  celebrada en Cancún, Quintana Roo.

En su documento final de 14  puntos,  los participantes en dicho encuentro plantearon que los delitos ambientales, como el tráfico de vida silvestre, representan una amenaza para las sociedades por los efectos negativos  que generan en los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad de los Estados.

Concuerdan que impactan negativamente en el desarrollo sustentable de muchas comunidades y constituyen un factor que fomenta la corrupción; todo ello agravado por el involucramiento de la delincuencia organizada transnacional.

Indicaron que por lo anterior, su prevención, persecución y sanción debe responder a un enfoque integral, multidisciplinario e internacional que controle la oferta y la demanda, y fomente el desarrollo.

Los delegados a dicho encuentro se pronunciaron a favor de practicar investigaciones financieras, tanto a nivel nacional como internacional,  con el fin de  lograr el desmantelamiento de las redes delictivas organizadas dedicadas al tráfico ilícito de flora y fauna silvestres  y el decomiso del producto del delito.

Asimismo,  destacaron la necesidad de perfeccionar las técnicas de compilación de información, con la finalidad de desarrollar bases estadísticas robustas y comparables de naturaleza informática que permitan el análisis de patrones, comparación de metodologías, conocimiento de redes delictivas y detección de flujos de tráfico ilícito de flora y fauna silvestres.

De igual forma, concluyeron que es necesario incluir al poder judicial en acciones de capacitación y sensibilización con el objetivo de mejorar los juicios en materia de tráfico ilícito de flora y fauna silvestres.

También consideraron pertinente articular redes operativas inter-institucionales de alcance nacional, subregional y regional capaces de intercambiar información e inteligencia;         desarrollar campañas de prevención y educación dirigidas principalmente a la niñez y la juventud, con el fin de sensibilizarlas sobre los beneficios de la conservación y uso sustentable de la flora y fauna silvestres; y promover el desarrollo y empleo de aplicaciones informáticas, móviles y en línea, para funcionarios encargados de la aplicación de la ley que permitan y faciliten la identificación de especies de flora y fauna silvestres.

En la “Conferencia regional de aplicación de la ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas” participaron: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

Asimismo, en calidad de observadores estuvieron presentes representantes de España, Gran Bretaña y Noruega.

El evento fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).