Deben personas con discapacidad ser integradas, afirma CNDH

MÉXICO, DF., 3 de diciembre de 2015.- La discapacidad no debe ser causa de exclusión ni de discriminación, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que el desafío como sociedad es lograr la integración de quienes tienen esa condición para que participen activamente en la vida de sus comunidades y contribuyan a su desarrollo.

Según un comunicado, destacó que al conmemorarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad idónea para reflexionar, con ánimo crítico y propositivo, si las instancias del Estado y de gobierno cumplen adecuadamente las necesidades y demandas de la población con discapacidad en el país.

“Conmemoraciones como la que hoy nos convoca –dijo— sólo tendrán sentido si como sociedad podemos darnos cuenta de que hay un gran número de mexicanas y mexicanos que, como consecuencia de una condición de discapacidad, se ven excluidos del ejercicio de los derechos y de las prerrogativas”.

Apuntó que personas con discapacidad día con día enfrentan condiciones adversas para transportarse, trabajar, recibir una educación de calidad, tener acceso a bienes y servicios.

González Pérez señaló que en materia del Mecanismo Nacional y los estatales se tiene un largo trecho por recorrer para cumplir con las expectativas de la población, razón por la cual se trabajó en el diseño de un primer proyecto presentado en el seno de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos para emprender conjuntamente una Estrategia para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Señaló que dos son objetivos de dicha estrategia, el primero servir como un instrumento que detone la creación e implementación de los Mecanismos Estatales en colaboración estrecha con el Mecanismo Nacional, y el segundo fijar criterios para el diseño e implementación de dichos Mecanismos a través de un trabajo coordinado entre los 32  organismos de protección en las entidades federativas del país y la CNDH, a efecto de que en un futuro todos los mecanismos de monitoreo -desde su respectivo ámbito de competencia- logren coordinar esfuerzos para la efectiva vigilancia en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

También destacó que se ha propuesto la adopción reglas de operación comunes para el efectivo trabajo coordinado de la Comisiones Nacional y Estatales con la sociedad civil, que contribuya en la debida implementación de las observaciones emitidas por el Comité de Expertos de la Convención tras analizar el Informe Inicial de México, en cuestiones tales como la igualdad y no discriminación contra las personas con discapacidad por factores de exclusión social, como edad, género, pertenencia étnica y ruralidad; la implementación de acciones para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad; el desarrollo de programas de toma de conciencia sobre este sector poblacional como titulares de derechos; la implementación de medidas de accesibilidad aplicables al entorno físico, transporte, información y comunicaciones; el establecimiento de acciones que permitan a las personas con discapacidad accedan a la justicia; la adopción de medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra los niños y niñas con discapacidad intrafamiliar, entre otras recomendaciones.

Una vez que el Organismo Nacional cuente con las observaciones de las Comisiones Estatales, se pondrá a disposición de la sociedad civil para que ésta haga el debido escrutinio. Por ello, instruyó a la Primera Visitaduría General para que el área especializada en la atención a personas con discapacidad, lleve a cabo dicho proceso que integre debidamente los comentarios que resulten pertinentes.

“Estamos conscientes de que este proceso no será fácil, sin embargo, la complejidad del mismo no puede ni debe ser argumento para no hacer las cosas, para no cumplir con el compromiso ético, moral y jurídico con los derechos humanos de las personas con discapacidad”, aseguró.

Tras señalar que la CNDH y las  comisiones locales de derechos humanos tienen el reto de dar vida plena a los mecanismos de supervisión, enfatizó que México fue quien propuso la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por lo cual nuestro país debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de las personas que se encuentran en esa condición, así como generar avances concretos en la observancia y vigencia de sus derechos.

“Es necesario –explicó— contar con la información concreta y actualizada sobre el número real de personas con discapacidad en México y el tipo de discapacidades que presentan, y se encuentre plenamente disponible bajo mecanismos que hagan posible su fácil acceso y consulta para el público en general, incluyendo, por supuesto, a las propias personas que tienen alguna discapacidad”.

En este acto acompañaron en el presídium al Presidente de la CNDH, Carlos Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal; Jacqueline L´Hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; Rosy Laura Castellanos Mariano, Presidenta del Instituto Cultura de Derechos Humanos; Joaquín Alva Ruiz Cabañas, representante de la sociedad civil e Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional.

Más adelante se llevó a cabo un panel de discusión intitulado “Observaciones Finales al Informe Inicial de México al Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que participaron Alberto Athié Gallo, ex titular del CONADI; Adalberto Mendez López, Director de Atención a la Discapacidad y Joaquín Alva Ruiz Cabañas.