Debe transparencia servir como blindaje electoral

MÉXICO, DF., 22 de noviembre de 2014.- La transparencia debe servir, en estos momentos, como un blindaje electoral y ser asumida por los partidos políticos y todas las instituciones públicas, como una obligación de todos los días, convino el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Francisco Javier Acuña, en el Seminario Transparencia, Partidos Políticos y Democracia.

El comisionado Francisco Javier Acuña coordinó el seminario y al clausurar los trabajos, junto con César Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), coincidió con él en lo anterior y en la necesidad de promover y vivir una cultura de la transparencia en todo el país.

En la jornada final del Seminario, en el que participaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el IIJ-UNAM y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), se analizaron los siguientes temas:

Los partidos políticos como sujetos obligados en el ámbito local, mecanismos de control y transparencia para la selección de candidatos a cargos de elección popular y transparencia en grupos parlamentarios y partidos políticos.

Los paneles correspondientes fueron moderados por el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la comisionada Areli Cano Guadiana y el comisionado Joel Salas Suárez, respectivamente.

En el panel en el que se abordó el tema de latransparencia en los grupos parlamentarios y partidos políticos, el diputado Fernando Rodríguez Dovalreconoció que el nivel de transparencia de los recursos públicos que ejerce el Poder Legislativo es malo y propuso que se debe hacer público el sistema de contratación de personal del Congreso, los recursos que ejercen la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, entre otra información.

“La transparencia en el Congreso sigue siendo, insisto, una asignatura pendiente. Estamos en buen tiempo, estamos justo en el momento de incluir todo esto a la ley o a las leyes generales relativas o reglamentarias de esta reforma constitucional y tenemos que hacerlo”, precisó.

María Marván Laborde, investigadora del IIJ-UNAM y presidenta del Consejo de Transparencia Mexicana, expuso que de todas las obligaciones de transparencia previstas en la propuesta de Ley General, pendiente de discusión y aprobación, ninguna se relaciona con el dinero que manejan las fracciones parlamentarias y advirtió que, de quedar así, no se logrará transparentar el manejo de los recursos de los grupos legislativos.

“Creo que sería inexcusable que esto quedara como está planteado en el momento”, sostuvo.

Manifestó que los ciudadanos tienen que saber no sólo el dinero que manejan, en qué se gasta, sino a quiénes contratan. “En términos generales no tenemos ninguna manera de saber si de nuestro dinero se le está pagando un salario de 50 mil pesos, de 30 mil pesos, de 10 mil pesos, a alguien que tiene la preparación o no para hacer el trabajo”, enfatizó.

Ana Elena Fierro Ferráez, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) propuso que en la plataforma de Datos Abiertos se incluya también información de los representantes políticos  que le permita a la sociedad conocerlos mejor y exigirles cuentas de su desempeño.

Lilia Saúl, representante de la organización México Infórmate, consideró que en la Ley General de Transparencia se debe insistir en el tema de los grupos parlamentarios para que la sociedad tenga  acceso a la información de cada una de las subvenciones que reciben.

En el panel Mecanismos de control y transparencia para la selección de los candidatos a cargos de elección popular, Irma Méndez, investigadora de FLACSO, indicóque un país podrá lograr estabilidad  y gobiernos eficaces si cuenta con funcionarios con probidad,  y con políticos, partidos, candidatos y precandidatos con integridad.

Mencionó que los mecanismos de control y transparencia tienen que ver principalmente con las reglas claras en el proceso de selección de candidatos, en el monitoreo y aplicación de las reglas, la tipificación de conductas violatorias a la ley, sanciones, castigos o penas claras respecto a malas prácticas y con un régimen de responsabilidades amplio de dirigentes partidistas.

“Yo creo que el caso Abarca nos enseña y nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que muestra la fragilidad de la integridad de los procesos de selección de candidatos. Muestra también la falta de integridad, digamos, de algunos candidatos en sí mismos”, mencionó.

María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que los candidatos a puestos de elección requieren de mayor transparencia no sólo en las historias de vida o currículums, sino en los mecanismoscon los que fueron electos, y esa responsabilidad, dijo, recae en los partidos políticos y no del Instituto Nacional Electoral.

Planteó la posibilidad de que los partidos se apoyen en los organismos de inteligencia del Estado para obtener información de sus candidatos.

“Creo que si queremos avanzar en esta lógica tendríamos que pensar en la posibilidad y el mecanismo de que los partidos se auxilien de los organismos de inteligencia del Estado para tener una mayor garantía en sus procesos de selección”, señaló.

En el panel Los partidos políticos como sujetos obligados en el ámbito local, el comisionado del IFAI Oscar Guerra Ford dijo que es fundamental que las obligaciones de los partidos políticos además de quedar establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información queden también en la Ley Electoral y en la Ley de Partidos Políticos, “porque muchas veces los partidos se zafan diciendo que la ley que tienen que cumplir es la de Partidos Políticos”.

De este modo, expuso, se cerraría el circulo a los partidos y al incumplir con sus obligaciones de transparencia, estarían violando la Ley Electoral, lo cual implica infracciones o multas a sus prerrogativas, “que es donde realmente les duele y que es donde realmente se puede tener dientes y dientes con calcio que permitan de alguna forma poder sancionar si hay incumplimiento”.

El magistrado Hertino Avilés, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales y Salas Electorales de la República Mexicana, propuso que la Ley General precise la obligación de los partidos de transparentar el registro de candidatos independientes, con el fin de evitar que se involucren personas vinculadas al crimen organizado.

“Estas candidaturas apartidistas pueden ser una navaja de doble filo, porque en este proceso 2015, donde habrá elecciones en Guerrero y Morelos, el tema cobra relevancia para evitar que no se involucren personas de delincuencia organizada en los procesos electorales“, enfatizó.

Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), señaló que ha habido un empoderamiento de los partidos políticos, porque, hoy por hoy, son entes que cumplen un papel fundamental en el desarrollo del modelo democrático, pero lejos de fortalecer ese modelo, lo han ido debilitando por la falta de legitimidad.

“Hay un descontento y una deslegitimación generalizada hacia todas las instituciones del Estado. Indudablemente, la transparencia genera confianza y creo que es la ruta adecuada y, en este caso, los partidos políticos necesariamente tendrán que entrar en este tenor” subrayó.

Raúl Ávila, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), indicó que las obligaciones de los partidos políticos establecidas en la Ley General de Transparencia o en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben trasladarse, de manera literal, a las leyes locales y, en dichas leyes podrán agregarse otras, porque lo establecido en la general no son máximos sino mínimos.

“Los organismos garantes locales de la transparencia y el acceso a la información en aquellas entidades federativas o estados de la República, en los que haya partidos políticos locales registrados, deberán desde ahora avanzar en su propia  capacitación y formación de sus estructuras administrativas y cuadros, que les permitan garantizar debidamente estos derechos de los ciudadanos y de los militantes de los partidos”, destacó.