Debe Ley de Desapariciones Forzadas contener opiniones de familiares

MÉXICO, DF., 27 de agosto de 2015.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseguró que para la elaboración de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares se debe escuchar a los familiares de las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como a las de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.

Según un comunicado, en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el marco del foro: “Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas”, González Pérez señaló que, además, dicha ley debe incluir en su articulado la obligación de continuar con la búsqueda de las víctimas, aun cuando se haya determinado la responsabilidad en un caso, además de la tipificación del delito por particulares y la declaración de ausencia por desaparición.

En el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la desaparición forzada de personas es una práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos.

“Es una práctica cruel, que agravia a la sociedad y afecta y atenta, no sólo en contra de la persona desaparecida, sino también de sus seres queridos, de sus allegados, quienes al dolor de la ausencia tienen que sumar el vivir con la incertidumbre, la angustia y la desesperación sobre el destino de quien desapareció”, dijo.

Agregó que en un caso de desaparición forzada de personas, no basta la identificación y sanción de los responsables. La vigencia del derecho a la verdad y la debida atención a las víctimas requieren, de manera prioritaria, la localización de quienes fueron desaparecidos y conocer su paradero.

González Pérez subrayó que la CNDH ha señalado la urgente necesidad, no sólo de reconocer la problemática existente en nuestro país, sino de implementar acciones para su atención, desde la debida tipificación del delito de desaparición forzada conforme a estándares internacionales, el adecuado registro de los casos que distinga aquellos que propiamente impliquen una desaparición forzada, de aquellos atribuidos a particulares o miembros de la delincuencia organizada, así como las personas cuyo paradero se desconoce por encontrarse extraviadas o no localizadas.

Destacó que el problema de las desapariciones forzadas no se limita a los 43 estudiantes normalistas, pero aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizadas que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o atribuidos a alguna otra causa.

El Presidente de la CNDH recalcó que el Caso Iguala ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados, y que demandan nuestra urgente atención, como los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la República.

“Cada cuerpo localizado en estas fosas debe ser registrado e identificado debidamente y las circunstancias de sus decesos investigadas y los responsables sancionados”, dijo.

El Ombudsman nacional precisó que una sola desaparición forzada representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que pugnan por el respeto y vigencia de los derechos humanos: “la existencia de un solo caso de desaparición forzada es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad y propiciar que esta práctica se elimine por completo”, aseguró.

Enfatizó que para atender dicho problema deben establecerse medidas tales como: contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas; la profesionalización de servidores públicos; la conformación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; creación de grupos capacitados y especializados; y creación de un Sistema Nacional de Información Genética.