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MORELIA, Mich., 10 de junio de 2015.- Al reconocer que el núcleo vital de la reforma penal se encuentra en el ejercicio responsable y serio de todos sus operadores, el Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, subrayó que solo así el nuevo sistema de justicia penal acusatorio permitirá recobrar la vigencia del Estado de derecho y la confianza, hoy erosionada, de nuestra sociedad.
Al mismo tiempo, puntualizó el representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la Implementación de la Reforma Penal, el nuevo modelo penal se convertirá en un referente de justicia, donde el inocente encuentre el cobijo de la ley y el culpable el justo castigo que merece.
Dijo que es responsabilidad de todos los involucrados estar debidamente capacitados para dar vida a uno de los proyectos más ambiciosos en materia de justicia penal de los últimos años.
Al inaugurar las Prácticas interinstitucionales del procedimiento penal, consistentes en la simulación de juicios orales con diversos grados de complejidad y en sus diversas fases, actividad de capacitación producto de la cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial federales, el Consejero Pérez Daza indicó que dicho evento es testimonio firme de la suma de voluntades que existe para lograr exitosamente la implementación del sistema penal oral y acusatorio.
Estas prácticas, que se desarrollarán en el Instituto de la Judicatura Federal- Escuela Judicial, complementarán adecuadamente la formación teórica de jueces, defensores y ministerios públicos -operadores del sistema- y garantizarán que la ciudadanía obtenga los resultados que se esperan del mismo.
Lo anterior, se inscribe en el compromiso del Ministro Presidente del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, de capacitar con calidad a las y los juzgadores y los defensores públicos federales que participarán en el nuevo sistema.
En esa línea, Pérez Daza detalló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no ha escatimado esfuerzos para proveer la infraestructura y herramientas tecnológicas necesarias para que el proceso penal pueda desarrollarse en las condiciones óptimas previstas tanto en la Carta Magna como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este contexto, sostuvo que la judicatura federal es consciente de que el esfuerzo sería estéril si no se acompaña de la capacitación permanente de las partes involucradas, pues constituye el componente vital para garantizar el éxito de la reforma penal.
Somos conscientes de ello y por eso propiciamos la coordinación interinstitucional en materia de capacitación de jueces, defensores y ministerios públicos, así como asesores jurídicos, con el fin de que desarrollen las cualidades que el nuevo sistema les demanda tales como la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuación e inmediación y demanda.
Puntualizó que es plausible que las partes del proceso penal acusatorio tengan la oportunidad de participar en eventos como el que ahora se pone en marcha, ya que mediante la simulación de juicios podrán adquirir la destreza de aplicar los conocimientos que poseen.
El también presidente de la Comisión de Disciplina de este cuerpo colegiado, habló de la necesidad de que los jueces entiendan los roles que les corresponden en las diferentes etapas que integran el proceso. Su papel es distinto cuando actúan como Jueces de Control a cuando actúan como Jueces de Enjuiciamiento.
Explicó que el Juez de Control, tiene la obligación de dimensionar la importancia del procedimiento abreviado, de las salidas alternas como son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso; así como de sus repercusiones para la impartición de una justicia pronta y expedita.
Simultáneamente, en esta fase procesal, es esencial que los ministerios públicos, defensores y asesores jurídicos entiendan su rol preponderante en la etapa de control y su responsabilidad para la debida tramitación de los procedimientos abreviados. Todos juntos, deben instruirse respecto del justo balance entre la reparación del daño, la reducción de la pena y la disminución de la duración del proceso que ofrece el procedimiento abreviado, añadió.
Por lo que hace a la etapa de sentencia, detalló que las partes deben aprender a aprovechar el tiempo del que disponen para exponer claramente sus argumentos, a presentar debidamente su evidencia y a escuchar el mensaje que los otros operadores transmiten por encima de la forma como se expresan.
Exhortó a los participantes a no olvidar que la ejecución de un juicio oral debe velar porque la libertad o condena de un ciudadano sea producto de un juicio justo y no de la retórica o el mal manejo de las palabras.