Contratos de vientres mantienen discriminación a la mujer: jurista

MÉXICO, DF, 14 de julio de 2015.- “Los contratos que las agencias elaboran para amparar la renta de vientres en nuestro país, formalizan una realidad, pero ésta no deja de darse en condiciones de desigualdad social y en términos de explotación”, comenta la jurista Ingrid Tapia, especialista en el tema.

Lo que veladamente se conoce como “maternidad subrogada” y que en términos reales es una explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR), parece tener un punto central en la discusión de los grupos que la aprueban: la utilización de contratos que validen el “servicio” prestado y el apoyo del estado para hacerlos cumplir, en el entendido de que esto hará que se protejan los derechos de las mujeres gestantes, refirió en un comunicado la consultora de Early Institute.

Sin embargo para  la abogada, Ingrid Tapia, “los contratos que puedan celebrarse para tratar de formalizar una práctica como la EMFR son una falacia, porque darle formalidad a un acto, no hace que éste se lleve a cabo en condiciones de igualdad; el hecho de permitir un contrato entre quienes no están en las mismas circunstancias –por su lengua, nivel educativo o económico–, daña a las partes involucradas y daña al interés público, al poner en riesgo a las mujeres que acceden desde su vulnerabilidad social”.

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