Contaría Michoacán con recursos adicionales para atender a repatriados

MORELIA, Mich., 21 de enero de 2016.- La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside el diputado federal Gonzalo Guízar Valladares (PES), acordó impulsar una iniciativa por la que se expide la Ley de Fondo de Migralidad, con la cual se busca dotar a los estados de recursos para la atención de migrantes repatriados.

Según un comunicado de prensa, los recursos del fondo serían adicionales a los asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sería distribuido entre las entidades federativas en relación al número de repatriados, de acuerdo con la última estadística del Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa, que será presentada al Pleno, plantea que el nuevo marco jurídico arranque con una bolsa de mil millones de pesos, pero “sin ser un cheque en blanco” para las entidades receptoras de migrantes.

Precisa que estos recursos estarán sujetos a reglas de operación y ayudarán principalmente a mejorar la calidad de vida de los migrantes repatriados, y consolidar y ampliar los programas de retorno voluntario a su lugar de origen.

Además, permitirá dotar a los connacionales repatriados de información respecto de los programas para su atención; darles apoyo para que encuentren empleo en el mercado de la formalidad y opciones de autoempleo.

Servirán también para el mejoramiento de vivienda, así como para la operación de albergues temporales que ayuden al retorno de los connacionales.

La propuesta plantea la creación del Sistema Federal de Apoyo al Migrante, organismo que se encargará de la distribución de los aportes federales que corresponden a las entidades, así como el establecimiento del Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, el cual estará conformado por las entidades que tengan acceso a este fondo.

Guízar Valladares dijo que es necesario implementar un programa que no sea “sólo de buenos deseos”, sino que también cuente con una inyección presupuestal adicional, similar al Fondo de Capitalidad para el DF.

“La capital tiene una condición especial, ya que recibe personas, se realizan trámites y tiene muchas responsabilidades en materia de seguridad, y de atención a los que vienen de otras partes de la República a gestionar asuntos de carácter público o de carácter privado”, explicó.

Afirmó que el Fondo de Migralidad iría ligado a la transversalidad en el ejercicio del gasto público, orientado al fenómeno migratorio; además, dijo que los estados deben vincularse de manera directa con este fenómeno, ya que en algunos casos son regiones de tránsito, mientras que en otros se trata de “ciudades destino”, en donde muchos migrantes retornados de Estados Unidos se quedan ahí a vivir, como Tijuana o Ciudad Juárez.

“La política exterior es cada vez más agresiva y cada vez se ve más al migrante como alguien indeseable, cuando en la realidad es todo lo contrario: es un ser humano, una persona con potencial en lo académico, artístico y empresarial”, aseguró.

Durante los primeros seis meses de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos, lo que coloco a nuestros connacionales como la comunidad que registró mayor número de expulsiones de esa nación, por arriba de los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y chinos.

Debido a esto, la cifra de mujeres y menores de edad migrantes se duplicó, según datos del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Nacional de Población, lo cual los coloca en situación de vulnerabilidad, especialmente a los menores de edad, que usualmente son devueltos sin compañía a sus lugares de origen.

De acuerdo a estadísticas del Buró de Transporte de Estados Unidos, el movimiento fronterizo de peatones de enero a junio de 2015 ascendió a 7 millones 500 mil cruces por Baja California, 4 millones por Tamaulipas, 3 millones 210 mil por Sonora, 3 millones 100 mil por Chihuahua y 280 mil por Coahuila.