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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril de 2015.- El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Renán Cleominio Zoreda, enfatizó que la Institución fortalece y capacita a agentes del Ministerio Público de la Federación y sus servicios periciales para atender los delitos ambientales en el país.
“Los delitos cometidos en materia ambiental dañan un bien jurídico tutelado, hacen un daño directo y a veces irreversible a un ecosistema, a una cadena de vida; se trata por tanto de un daño social que pone en riesgo la continuidad de la vida y el equilibrio de miles de especies”, puntualizó Zoreda Novelo, al participar en el foro El Futuro de la Justicia Ambiental en México: “Los retos que representan el sistema penal acusatorio en materia ambiental”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según un comunicado, Zoreda subrayó que el acceso a la justicia ambiental, debe de procurar la prevención y determinar el mecanismo para la restauración y conservación del medio ambiente, así como la reparación del daño ambiental causado.
En este sentido, el Subprocurador Zoreda explicó que la forma de proceder de las policías y ministerios públicos, deberá establecerse en un nuevo modelo de actuación y nuevos protocolos para la investigación, en los cuales las pruebas confesionales y testimoniales deberán tener cada vez menor relevancia y deberá desplazarse el eje investigador hacia la prueba científica.
“Ello supone, otro tipo de policía e investigador, que se centre más en conocimientos técnicos y científicos que permitan descubrir la verdad de lo ocurrido, así como el apoyo de peritos expertos en materia ambiental. Toda esta labor de coordinación, bajo la tutela del fiscal o agente investigador deberá permitir, según los casos: la descripción del medio afectado, la obtención de indicios o muestras incriminatorias, su análisis y finalmente, la valoración del desequilibrio ecológico desde el punto de vista ambiental, criminal y legal”, explicó.
El objetivo, sostuvo, es lograr la formación de profesionistas con las habilidades argumentativas, discursivas, de control y dominio psicológico que construya coherentemente una teoría del caso, la cual deberá fortalecer en la audiencia de juicio oral que finalmente lleve a un convencimiento total de la verdad jurídica de los hechos, que culmine con la obtención de una sentencia condenatoria que lleve implícita la reparación o compensación del daño causado al medio ambiente.
Agregó que la investigación de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como los retos que esto implica ante el sistema penal acusatorio, requiere la intervención de diversas organizaciones y especialistas que asesoren al investigador sobre las características de la contaminación, el valor del medio o del recurso natural afectado, así como sobre el modo más conveniente de obtener evidencias que definan la magnitud del daño, el cómputo de víctimas y la asignación de responsabilidades.
“Que el resultado del proceso sea respetado por su legalidad y que por haber llevado el proceso en el marco del sistema penal acusatorio cada decisión cuente con indudable legitimidad”, concluyó.