Cada año son deportados a México 40 mil menores

MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2016.- Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) urgieron a la Comisión de Asuntos Migratorios armonizar la Ley de Migración con los estándares de protección establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para apoyar a la infancia afectada, porque cada año son deportados 40 mil menores a México.

Según un comunicado de prensa, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES), presidente de la instancia legislativa, afirmó que se requiere “actualizar el marco jurídico que permita atender la realidad de la niñez migratoria”, pero también destinar recursos para atender la gran demanda que significa la deportación de miles de pequeños.

Por ello, reiteró que la comisión impulsa la iniciativa para crear la Ley de Fondo de Migralidad, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se etiqueten recursos adicionales para las zonas fronterizas del sur y norte del país vinculadas al fenómeno migratorio.

Señaló como ejemplo a Tijuana, Baja California, cuya población en una década ha crecido 66 veces a causa de la deportación, frente al estándar nacional que es de 14.

Convocó a unificar criterios en las propuestas, para incorporar el concepto de transversalidad en el gasto público y exista en el PEF un anexo que tipifique cada peso público destinado al fenómeno migratorio, susceptible de evaluarse y controlarse por la sociedad, a través de las ONG’s.

En la reunión, el diputado del PRI, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, aseveró que “el fenómeno de la migración infantil es de capital importancia, ya que 40 mil niños son deportados de Estados Unidos a México cada año, y 18 mil son deportados de nuestro país a Centroamérica, lo cual es una cifra sumamente alta”.

Sostuvo que la migración de menores obedece a varios motivos: búsqueda de familiares, mejoramiento de sus condiciones de vida y alejarse de la explotación sexual y de la violencia en sus hogares.

Convocó a aprobar, en 2017, más apoyos y recursos para proteger a la niñez que se encuentra en estas condiciones, mediante sinergias y consensos, para trabajar en las comunidades y cristalizar proyectos que frenen el impacto social negativo.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin (PRI) reconoció el trabajo de las ONG’s en favor de los migrantes, en particular de los niños no acompañados que sufren vejaciones en sus derechos humanos. Urgió a “vincular esfuerzos para sumar acciones y lograr resultados. No es el dinero lo que lo logrará, sino el conjunto de esfuerzos”.

Propuso mesas de trabajo entre la comisión, la sociedad organizada y las instituciones para definir prioridades y coincidencias que coadyuven a focalizar acciones transversales. De la misma bancada, participó la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez.

Por Morena, el diputado Miguel Alva y Alva habló de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), donde funcionarios extorsionan a los migrantes, cuando deberían proteger el respeto a sus derechos humanos.

Convocó a sus homólogos a crear un marco jurídico que solucione la situación real de los niños migrantes, con el propósito de “pasar de la teoría a la práctica”. Resaltó la necesidad de entablar mesas de trabajo permanentes entre los diversos sectores para resolver esta problemática.

Por el PAN, el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma apuntó que la protección a los niños migrantes “no tiene tintes partidistas”. Resaltó que “no es suficiente armonizar las leyes, sino aprobar presupuesto para que las reformas se hagan realidad y beneficien a los infantes. Ese debe ser el espíritu del proceso legislativo”.

Señaló el viacrucis que sufren los niños deportados nacidos en Estados Unidos, porque llegan a México, país de sus padres, como indocumentados al no reconocérseles sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, ya que se les niega el ingreso a escuelas públicas para que continúen su formación académica, por carecer de una documentación completa respecto a los parámetros establecidos en el país.

También dio a conocer una iniciativa la diputada del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, para armonizar paralelamente la Ley de Migración y la Ley General de Derechos General de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de romper el círculo vicioso e inercias entre ambos ordenamientos y atender la problemática que vive esta población vulnerable.