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MÉXICO, DF., 22 de julio de 2015.- A cambio de limpiar el historial de José Manuel Mireles Valverde de cualquier vínculo con el crimen organizado, la Procuraduría General de la República (PGR) le abonó a su proceso jurídico un nuevo auto de formal prisión por posesión de armas de uso exclusivo del ejército.
Pese a que desde los primeros días del mes en curso el cuerpo de abogados que ha venido dando seguimiento a la situación jurídica de Mireles “echaba campanas al vuelo” anunciando la salida del fundador de las fuerzas de autodefensa en el municipio de Tepalcatepec, el nuevo cargo que se le imputó, podría alargar su estancia hasta por cuatro meses más en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora.
En entrevista, el abogado defensor del ex líder de las autodefensas, Javier Livas Cantú, señaló que la nueva determinación de la PGR, obliga a que los antiguos defensores de Mireles, Talía Vázquez Alatorre y Salvador Molina Navarro, intervengan a través del amparo que habían presentado cuando fungían como abogados en el caso.
Lo declaró así debido a que al ser este el procedimiento en defensa del doctor Mireles con mayor antigüedad, el plazo para el desahogo del juicio podría verse reducido.
Sin embargo, de procederse por medio del amparo presentado por Vázquez Alatorre y por Salvador Molina, el referente de las autodefensas podría pasar por lo menos cuatro meses más privado de su libertad, mientras el nuevo cargo imputado es sometido a revisión.
De no ser así, aseveró que el actual cuerpo de abogados que se mantienen en defensa del ex autodefensa piensa ya en dos opciones: la de gestionar el desistimiento de acción penal a la procuradora general de la República, Arely Gómez; o esperar al cambio de legislatura -lo cual sería hasta el mes de septiembre- para plantear alguna modificación a la Ley Federal de Armas, a fin de que la justicia no actúe con canta severidad sobre quienes usen las armas en defensa propia.
Al exponer las opciones que se tendrían en defensa del doctor Mireles, mencionó que lo más factible sería esperar al comienzo de la 73 legislatura, por considerar que los legisladores deberán comprender que el levantamiento civil de las autodefensas en Michoacán fue producto de las deficiencias en materia de seguridad que padecía en ese momento la entidad.
Y es que resaltó que de no ser verídica esta aseveración, el gobierno federal no hubiera pretendido reforzar el esquema de seguridad en el estado con el arribo del ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Al ser cuestionado sobre si la promoción de la Ley de Amnistía estaría siendo descartada, mencionó que por determinación del mismo Mireles Valverde, esta vía sería omitida en la defensa, pues con ello, el ex líder de las autodefensas se vería obligado a reconocer su culpabilidad.
“Él (Mireles) se negó rotundamente a proceder por medio de la Ley de Amnistía, porque se niega a aceptar un cargo inventado”, enfatizó.
Javier Livas lamentó que el sistema penitenciario y las autoridades de procuración de justicia han buscado más “defender caprichos políticos” que trabajar en apego a la ley, y destacó que esto obedece al “celo del Estado Mexicano por la función que tuvieron las autodefensas en Michoacán”.