MORELIA, Mich., 1 de noviembre de 2013.- El diputado Juan Bueno Torio (PAN) propuso este viernes una iniciativa que busca que los sindicatos del Estado transparenten el uso de recursos públicos y sean objeto de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su propuesta, el legislador planteó reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.

Al fundamentar su iniciativa, Bueno Torio manifestó que resulta fundamental que los sindicatos “comiencen a transitar hacia esquemas de mayor transparencia y rendición de cuentas”, y que los trabajadores y las autoridades puedan conocer en qué se gastan los recursos públicos y sus fuentes de financiamiento.

Esto “no conlleva una intromisión a la libertad de administración ni condiciona los procesos internos del sindicato… simplemente se limita al derecho que tiene la ciudadanía de contar con información sobre los recursos que ella misma aportó, con el fin de evitar que exista una desviación en su manejo”, dijo.

Recordó que en la propuesta del Ejecutivo para la reforma laboral, promulgada en noviembre de 2012, se proponía que los sindicatos rindieran cuenta de la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, tema que no prosperó en su discusión en el Congreso de la Unión.

Por esto, subrayó la necesidad de transparentar la recepción, el uso, manejo y destino de los recursos de los sindicatos del Estado y que existan mecanismos claros de rendición de cuentas, “en los que no exista opacidad, ni dispendio”.

En la iniciativa de decreto se considera como entidades fiscalizadas a los sindicatos y se propone que la ASF supervise directamente los recursos federales que administren o ejerzan, y determine si se ejercieron conforme a los convenios, contratos o cualquier otra disposición mediante la cual fueron transferidos.

También será obligación de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, publicar y difundir de manera semestral, cuando hayan recibido, destinado, administrado o ejercido por cualquier concepto, recursos públicos federales.

Dicha información estará disponible a través de las páginas de Internet de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos constitucionales autónomos.

Señala que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecer las bases generales para la realización de auditorías, incluyendo, como entidades fiscalizadas, a los sindicatos que se conformen de acuerdo al apartado B del artículo 123 constitucional, o a cualquier persona física o moral, cuando se les destinen recursos públicos federales.

Asimismo, indica que las unidades de auditoría preventiva se regirán por las disposiciones generales que emita la SHCP sobre la fiscalización de recursos púbicos federales respecto de las personas físicas o morales que los reciban, ejerzan o administren.

Además, deberán entregar informes de las denuncias presentadas por actos de corrupción, mismas que comprenderán tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como a los sindicatos, personas físicas o morales que reciban, ejerzan o administren recursos públicos federales y sociedades y asociaciones vinculados con cualquiera de ellos.

Finalmente, se plantea que los sindicatos de trabajadores y los organismos que los agrupen estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.