Aprueban reformas que otorgan seguridad jurídica a pescadores ribereños

MORELIA, Mich., 9 de abril de 2015.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas y adición a diversos preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia, para otorgar certidumbre jurídica a los pescadores y acuacultores mexicanos que alienten su desarrollo y garanticen la producción de alimentos nutritivos.

Con las modificaciones a los artículos 127, 128 y 130, los pescadores que no cuentan con permisos legales para ejercer su actividad tendrán una herramienta legal para acudir ante la autoridad que interponga un requerimiento administrativo, para ofrecer y desahogar las pruebas en favor de sus intereses.

La reforma avalada con 315 votos y remitida al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, establece medidas para prevenir la pesca ilegal y proteger a los pescadores ribereños, “grupo vulnerable que sufre las consecuencias de no cumplir con un requisito administrativo”.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI), presidente de la Comisión de Pesca, afirmó que con esta reforma la autoridad competente realizará la visita de inspección y vigilancia con un mecanismo procesal claro que no vulnere el principio de legalidad y permita a la parte afectada defenderse de manera eficaz.

En toda visita de inspección se levantará acta que hará constar en forma circunstanciada los hechos presentados durante la diligencia. Concluida el acta, el verificador proporcionará al pescador la información de la autoridad que emitió la orden y hará de su conocimiento el plazo para manifestar lo que a su derecho convenga.

Se precisan los plazos exactos para que el interesado ofrezca pruebas; la autoridad las admita y desahogue, y en su caso, el pescador interponga los alegatos por escrito. También por escrito se dictará la resolución, la cual se notificará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

“Con la aprobación de esta reforma se garantizará una mejor aplicación de la ley, ya que los pescadores requieren ampliar el espectro de seguridad jurídica; las modificaciones permitirán que tengan mayores elementos de prueba antes de que se emita el acto administrativo que ponga fin al procedimiento”.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, a nombre de Morena, la diputada Loretta Ortíz Ahlf destacó que “hace falta mucho todavía por regular no sólo en el ámbito de la pesca, sino también en materia de vigilancia por narcotráfico que se llega a cometer dentro de la Zona Económica Exclusiva de México”.

Señaló la importancia de vigilar e inspeccionar las actividades marítimas, para evitar vulnerar o violentar las disposiciones en materia de pesca del Estado mexicano, en particular en la Zona Económica Exclusiva, donde se han detectado embarcaciones pescando sin autorización.

Por el Partido del Trabajo, el diputado Javier Gutiérrez Reyes refirió la necesidad de que las visitas de inspección y vigilancia se realicen con un mecanismo procesal claro que no vulnere el principio de legalidad y permita a los pescadores defenderse de manera eficaz cuando sea el caso. Sobre todo, continuó, porque “muchos de ellos no tienen los recursos suficientes para ejercer su derecho a defenderse de posibles agresiones de corte legal que pongan en riesgo su escaso patrimonio”.

Se establece que los verificadores o inspectores se acrediten debidamente y proporcionen a los pescadores visitados la información necesaria para actuar en su favor. De esta forma, dijo, “tienen mayores elementos de seguridad y certeza jurídica, y podrán presentar mayores y mejores pruebas en su descargo y su defensa podría ser más fluida”, aseveró.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González Rodríguez apuntó que hace falta una adecuada planeación para el desarrollo pesquero y acuícola, “sectores estratégicos del país donde la rectoría económica del Estado carece de rumbo”.

El objetivo de esta reforma, explicó, es dotar de facultades a la autoridad competente para realizar visitas de inspección y vigilancia, con un procedimiento claro. Dará herramientas a los pescadores para que cuenten con una defensa eficaz, pues actualmente muchos no tienen los permisos legales para ejercer esta actividad; de ahí la necesidad de orientarlos sobre las repercusiones de la pesca ilegal.

Del PVEM, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández resaltó que toda visita de inspección deberá ceñirse a los lineamientos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que evitará que estén desprotegidos los pescadores y otros grupos vulnerables, quienes normalmente habían sido afectados ante la falta de esta formalidad, validez y obligatoriedad jurídica administrativa.

Se robustece el procedimiento administrativo, se da seguridad jurídica al verificador y se fortalecen los medios de defensa de los visitados –grupos vulnerables– cumpliendo la disposición legal en coherencia con la Constitución, que obliga a observar las formalidades administrativas del proceso, sostuvo.

La perredista Claudia Elena Águila Torres afirmó que los pescadores ribereños son los más afectados por las medidas administrativas, porque no pueden acceder a los permisos, que sí logran las grandes embarcaciones nacionales y extranjeras. Tampoco al financiamiento para tecnificar y reconvertir sus artes de pesca, y son siempre los que tienen que sufrir los embates de las visitas de verificación e inspección.

Por ello, consideró que con la reforma se clarifica y fortalece el procedimiento mediante el cual los pescadores pueden acudir ante la autoridad emisora del acto y ofrecer y desahogar las pruebas idóneas a sus intereses, así como garantizar que la resolución se apegue a derecho.

La diputada del PAN, Tania Margarita Morgan Navarrete aseveró que la vida de los pescadores se rige por la carencia, la falta de capacitación, tecnología y herramientas de trabajo, por débiles programas y subsidios que derivan en retroalimentar su estado de vulnerabilidad, por lo que “tenemos una deuda en materia presupuestal y legislativa con ellos”.

Estas modificaciones, dijo, establecerán procedimientos adecuados de inspección y vigilancia para garantizar una mejor aplicación de la ley y que cuenten con mayores herramientas para la defensa de sus intereses. “Necesitamos incidir en mejores leyes, pero también en la aprobación de mayores recursos para este sector y políticas públicas efectivas que detonen su desarrollo y prosperidad”, puntualizó.