Aprueban por unanimidad la Declaración Mérida

MÉXICO, DF, 11de octubre de 2015.- La 12ª Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), aprobó por unanimidad la Declaración Mérida “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, este manifiesto, firmado por los Ombudsman de los 53 países participantes,permitirá cumplir con perspectivade derechos humanos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.

El Ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, quien encabezó los trabajos del encuentro, destacó la coincidencia con sus homólogos, de que los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, se configuran como los ejes fundamentales para el desarrollo sostenible, para incluir no solamente a todas las personas sino también a nuestro planeta en su totalidad.

En la última sesión de trabajo, afirmó que la Agenda 2030 constituye un marco de transformación sin precedentes, aplicable a todos los países, que une las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo a fin de restablecer la armonía y el equilibrio de nuestro entorno. Por ello, dijo, la Agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, mismas que requieren pronta implementación.

Nuestro papel como Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, señaló, es servir de puente entre las partes interesadas en los procesos nacionales como las instituciones gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, y particularmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Al concluir la 12ª Conferencia Internacional, organizada por la CNDH de México (CNDH) en cooperación con el ACNUDH y el CIC, los Ombudsman de 53 países se comprometieron entre otras cosas, a hacer que sus respectivos gobiernos rindan cuentas por un progreso deficiente o irregular en la implementación de la Agenda.

Observarán que el progreso en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) se incluyan en la preparación de los informes para el Examen Periódico Universal y ante los órganos con los que se han firmado tratados de derechos humanos y otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales.

Impulsarán mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a través de la reparación del daño y el remedio para aquellos que experimentan el abuso y la violación de sus derechos en el proceso de la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y donde las INDH tienen funciones casi judiciales, mediante la recepción y atención de quejas.

Otros compromisos firmados fueron que los Ombudsman proporcionarán a los gobiernos nacionales y locales y a otras instancias interesadas, asesoría para la implementación y medición de la Agenda 2030, mediante la evaluación del impacto de las leyes, políticas, programas, prácticas administrativas y presupuestos en el respeto y cumplimento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Fortalecerán las asociaciones para la implementación de la Agenda, mediante la promoción con un proceso transparente e inclusivo para la participación y la consulta en todas las etapas, tales como el desarrollo de estrategias nacionales para alcanzar los ODS, incluso para aquellos países con mayor atraso.

Los Ombudsman nacionales se comprometerán con actores clave, incluyendo agencias gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, grupos principales, en particular titulares de derechos identificados en la Agenda, la ONU y otros socios internacionales.

Colaborarán con asistencia técnica en la elaboración de indicadores nacionales globales y complementarios y sistemas sólidos de recolección de datos para asegurar la protección y promoción de los derechos humanos en la medición del progreso de la Agenda; incluso mediante el fortalecimiento de alianzas con los grupos vulnerables y marginados, la cooperación con las oficinas nacionales de estadística y otras instituciones nacionales pertinentes.

Supervisarán los avances en la aplicación de la Agenda 2030 en los planos local, nacional y regional, informando sobre la desigualdad estructural y la discriminación, e identificando los obstáculos, así como acciones para un progreso acelerado.

Responderán, mediante la realización de estudios e investigaciones, las denuncias de violaciones de los derechos en el contexto del desarrollo y la implementación de los ODS, incluso en relación con la discriminación y la desigualdad estructural que puede erosionar la confianza entre el Estado y la sociedad, así como el progreso para lograr los objetivos de desarrollo.