Aprueban dictamen para elevar penas por trata de personas

MORELIA, Mich., 27 de noviembre de 2014.-Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron por unanimidad, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Trata de Personas.

El dictamen prevé imponer de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días de sanciones económicas a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

Las reservas de los diferentes grupos parlamentarios serán discutidas en el Pleno cameral, acordaron los legisladores durante la reunión de trabajo, presidida por los diputados del PRI, Miriam Cárdenas Cantú y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, respectivamente.

De acuerdo con el dictamen, el concepto de prescripción no operará en el delito de trata de personas; será una conducta continuamente perseguida cuando sea cometida en contra de menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o para resistirlo y derive de un ataque sistematizado y generalizado contra la población.

Se amplía el espectro de protección, al preverse como bien jurídico tutelado no sólo la libre personalidad, sino ante todo la dignidad humana, un derecho raíz y base de todos los demás.

Las comisiones también avalaron modificaciones al dictamen, a propuesta de los legisladores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, al artículo tercero para que la extracción de órganos sea un delito acumulable al de trata de personas, y que la Ley General se armonice con la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

Acordaron en el artículo 10 eliminar la palabra sometimiento; se aclara que la trata de personas tiene fines de explotación y se precisan todas las modalidades de este delito.

En el artículo 84, fracción IV, se especificó la atención de los derechos a la salud sexual y reproductiva; el séptimo transitorio establece que las erogaciones que se generen con la vigencia de esta reforma se cubrirán por el presupuesto aprobado para las dependencias públicas federales correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones.

De esta forma, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que consolidan el mandato constitucional para maximizar a una alta expresión los derechos humanos.

aseguró que se deja en la indefensión a muchas personas de la tercera edad, cuyo único medio para sobrevivir es rentar una vivienda. “Los expone a una situación de indefensión, porque no queda claro que se va arrendar para un delito como la trata de personas”.