Aprobará Congreso nueva Ley de los Migrantes
MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2011.- Para este miércoles en la sesión ordinaria del Congreso del Estado está contemplada la segunda lectura y aprobación de la nueva Ley de los Migrantes y sus familias del estado de MichoacánA través de dicha ley, los diputados locales de la LXXI Legislatura pretenden brindar certeza en la aplicación y gestión de políticas públicas, garantizando que las mismas sean materia obligatoria de las administraciones gubernamentales en turno.“Lo que buscamos es tener una ley que instale de manera permanente las políticas públicas en materia de salud, educación, desarrollo social entre otras, y que garantice instrumentos de atención tanto a los paisanos que se ganan la vida afuera de nuestras fronteras como a sus familias”, expuso el diputado del PRD y presidente de la comisión de Asuntos Migratorios, Antonio García Conejo.Dentro de las novedades que contiene la nueva ley que será aprobada en unos instantes y del cual este medio posee una copia, se contempla la creación de Consejos Consultivos de migrantes tanto a nivel municipal como al interior de dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.También se estipula la creación de Centros de Atención de migrantes a nivel municipal que tendrán por objeto captar y atender de primera mano las necesidades de ese sector de la población.El proyecto de ley que será aprobado, cuenta con 53 artículos y cinco transitorios; en los cuales se estipula que los derechos de los migrantes a grandes rasgos son: Igualdad, libertad de expresión, seguridad jurídica, trabajo, seguridad social, educación, salud, cultura, acceder a los programas de desarrollo para su aplicación dentro del Estado, acceder a los servicios que presta la administración pública estatal y municipal.Así como también los derechos a un trato digno, respetuoso, oportuno y con calidad humana; derecho a la información; a los trámites registrales; a no ser privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas; y a la protección del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
