Amplían rango de población infantil que accederá a medicamento gratuito

CIUDAD DE MÉXICO., 26 de abril de 2014.- La Cámara de Diputados acordó incrementar el rango de población infantil que puede acceder a los servicios de atención médica y medicamentos sin desembolso alguno, cuando sus familias se encuentren dentro de los deciles uno a cinco de la distribución de ingreso establecidos por la Secretaría de Salud.

De acuerdo a un comunicado, con 388 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones, se aprobó con modificaciones la minuta que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

El dictamen devuelto al Senado de la República exime del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Al fundamentar el documento, la integrante de la Comisión de Salud, diputada Raquel Jiménez Cerrillo (PAN), expresó que esta reforma tiene por objetivo corregir la confusión que pudiera generar la redacción vigente del artículo 36, pues actualmente se considera que se estaría eximiendo del cobro a la población con mayor nivel de ingreso y no a las demás de escasos recursos.

Por ello, mencionó, es necesario incrementar el rango de población que puede acceder a esos servicios sin desembolso alguno, ya que se estaría apoyando a las familias más desprotegidas, para que accedan a uno de los derechos más valiosos y fundamentales, como es la salud.

Resaltó que los beneficiarios de este programa son, en la mayoría de las veces, los más vulnerables y, con esta reforma, se busca que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, sea para todos y no se excluya a aquellos que por su precaria situación económica no cuenten con los medios para pagar una cuota de recuperación.

En los posicionamientos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza) señaló que en el 2012, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 46 por ciento de la población vivía en pobreza y el 10 por ciento en pobreza extrema, y que si bien en la última década se ha avanzado en el combate de este mal social, aún persisten rezagos importantes como es el acceso a servicios de salud.

Destacó que con este dictamen se incrementa los niveles de protección de los derechos de la infancia y se reduce la brecha socioeconómica que tanto limita el acceso a los servicios de salud en el país.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT) resaltó que es necesario el acceso garantizado a los servicios de salud para todas las personas, sin distinción o condición alguna, y este dictamen es “una muestra de esas buenas intenciones para salir de este gran problema”.

Argumentó que se debe lograr la universalización de los servicios de salud y fortalecer económicamente este ramo, para permitir que el acceso de los mismos sea un derecho para todos y de esa forma se elimine “el esquema elitista” sobre el que está diseñado el actual sistema.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño indicó que la propuesta busca garantizar que todos los niños y niñas de hasta cinco años puedan recibir atención médica gratuita en las instituciones salud pública, pero será sólo si no son beneficiarios de alguna de estas instituciones o si sus familias se encuentran dentro de los cinco primeros deciles de ingresos.

Refirió que a mediados de 2013, se calculaba que 20 millones de mexicanos se encontraban en los primeros dos deciles de ingresos. Es decir, que al menos el 20 por ciento de la población en el país sobrevive con un ingreso inferior a los 4 mil pesos mensuales.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) puntualizó que el derecho a la salud es, sin duda, una de las garantías fundamentales de los niños, por lo que se deben tomar todas las medidas para reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención médica; combatir las enfermedades, la malnutrición, los riesgos de contaminación del ambiente; asegurar a las madres la atención sanitaria, apropiada, y desarrollar atención preventiva.

Manifestó que hoy en día los niños y las niñas más pobres tienen mayor riesgo de morir en la infancia al encontrarse en los deciles de menor ingreso, y algunas muertes prematuras se deben a enfermedades que se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones simples y asequibles.

A su vez, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) subrayó que esta reforma contribuirá al proceso de armonización legislativa con la Convención de los Derechos del Niño, y hará congruente la normatividad en materia de niñas, niños y adolescentes con el derecho a la salud garantizando en la Constitución.

Resaltó que los menores de edad son un asunto de alta prioridad en la agenda legislativa, por lo que son necesarias reformas que beneficien a la infancia, como es el eximir del pago a las familias que están entre el primer y quinto decil de la atención médica y medicamentos, prestados a niñas y niños hasta los cinco años.

Por el PAN, la diputada Leslie Pantoja Hernández aseguró que el dictamen amplía el conjunto de familias, con todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud, que deberán ser eximidas del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos.

Dijo: “Votaremos a favor por nuestro compromiso con los hogares mexicanos económicamente más vulnerables a fin de que no tengan que cubrir el gasto por concepto de servicios de salud a los que tienen derecho sus hijas e hijos menores de cinco años”.

La diputada María Elia Cabañas Aparicio (PRI) resaltó que la naturaleza de la modificación legislativa, es garantizar los servicios de salud a todos los menores que lo necesiten, a pesar de no contar con un seguro público o privado, o no cuenten con los recursos para su tratamiento, ya que si bien el Estado no debe hacer distinción ante ninguna persona, también es prioridad del mismo el atender las necesidades de aquellas que más lo necesitan y que menos tienen.

Con la reforma, agregó, no sólo se otorga certeza sobre la prestación gratuita de servicios médicos por parte del Estado a aquél sector de la población, sino clarifica “esta laguna legal que hacia entender que los beneficiarios eran quienes tenían más ingresos, por lo que iba en contra de los principios protectores de la ley”.