Alerta la Permanente sobre clima de violencia en reclusorios

MORELIA, Mich., 4 de junio de 2014.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las autoridades penitenciarias de la Federación y de los estados que revisen la normatividad y las políticas públicas destinadas a proteger y respetar los derechos humanos de los internos y fomenten los propósitos de reinserción del sentenciado a la sociedad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en el dictamen aprobado se menciona que hasta enero de 2013 había cerca de 242 mil 754 personas recluidas en alguno de los 420 centros penitenciarios que existen en el país, en donde la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos han puesto en crisis su operación.

Refiere que el Centro de Análisis de Políticas Públicas informó que los reclusorios registran sobrepoblación, altas tasas de reincidencia, violencia, operación de grupos criminales al interior, entre otras, “lo que es una evidencia de que el sistema penitenciario no está cumpliendo sus objetivos sociales y legales”.

Aunado a ello, se menciona que en el primer año de la actual administración federal los motines, agresiones, homicidios y huelgas de hambre tuvieron un incremento del 134 por ciento, de acuerdo a un informe presentado por un medio nacional de comunicación basado en información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Por otro lado, se señala que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dio a conocer que 29.1 por ciento de los internos del Distrito Federal y 26.4 por ciento de los reclusos del Estado de México dijeron sentirse nada seguros en sus celdas.

Por ello, se menciona, los proponentes del exhorto consideraron “que el sistema penitenciario lleva más de cuatro décadas en crisis y que la llegada de los grupos criminales violentos a las cárceles ha empeorado su situación, pues los internos que pertenecen a la delincuencia organizada aumentaron un 50 por ciento”.

Este tipo de delincuentes –se precisa– fueron trasladados a diferentes cárceles estatales y municipales, por lo que quienes cometieron delitos menores y que recibieron una sentencia menor a cinco años, conviven diariamente con personas con niveles de peligrosidad alta, lo que puede tener graves consecuencias.

Por otro lado, se explica en el documento que con la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, la necesidad de vigilar la manera en la que se administran los centros penitenciarios se puso de manifiesto y es hoy uno de los mayores focos rojos en este sentido.

En este sentido, los legisladores estimaron que la situación que prevalece en el sistema penitenciario mexicano constituye una violación a lo mandatado en la Carta Magna y se hace evidente que el derecho a la protección de la integridad física, de la violencia y la aplicación del uso legítimo de la fuerza es ineficaz.

Lo anterior, debido a que han sido expuestas las altas tasas de violencia en las cárceles del país, donde los internos están expuestos a riñas frecuentes y muy violentas, y donde hay autogobierno, corrupción y abusos.

Ante esta situación, senadores y diputados consideraron necesario que los programas, proyectos, planes y acciones que se implementen en los centros penitenciarios respeten los derechos humanos de los internos y sus familiares.

Piden a INMUJERES examinar procedencia de declaratoria de alerta de género

Posteriormente, la asamblea pidió al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en su carácter de secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, analice la procedencia o no de emitir declaratoria de alerta por violencia de género en diversos casos.

Asimismo, le solicitó al Instituto que instruya a fortalecer las políticas públicas de atención de las mujeres y las acciones necesarias para salvaguardar y proteger su vida.

Necesario analizar conclusiones sobre tortura

En la misma sesión, se hizo un llamado para que, en el ámbito Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los órdenes federal y de las entidades, se analicen las conclusiones preliminares de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Lo anterior, a fin de prevenir, investigar y sancionar la tortura y los malos tratos, y en su caso, proveer a la reparación del daño que corresponda y otorgar un mejor seguimiento a las recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano.

En el documento se señala que los legisladores comparten la preocupación del relator acerca de la situación de tortura en México, pues no hay corporaciones que se dediquen al arresto que no hayan recibido denuncias.

Puntualiza que lo que más inquieta es el falso dilema entre el respeto de los derechos humanos y la garantía de la seguridad, pues las investigaciones no son efectivas, se hace uso de la tortura, malos tratos o fabricación de pruebas, y persiste la impunidad en el país.