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MORELIA, Mich., 6 de febrero de 2015.- Las sanciones penales y administrativas contra los funcionarios públicos que violan los derechos humanos en México no se cumplen, según información del periódico Reforma.
Como parte de su función, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la capacidad de interponer denuncias penales y administrativas a los servidores que son señalados en sus recomendaciones.
En su informe 2014, el organismo reveló que, en los últimos cuatro años, presentó 436 denuncias penales en contra de servidores públicos.
No obstante, reconoció que 327 se encuentran en investigación; 43 fueron consignadas, y siete concluyeron al dictarse el no ejercicio de la acción penal.
En 59 de los casos, la Procuraduría General de Justicia Militar se declaró incompetente para conocer de las denuncias.
De las 82 acusaciones presentadas en 2014 ante procuradurías federales y locales, en ninguna se registró la consignación.
Las denuncias administrativas también han tenido bajo impacto.
Entre 2013 y 2014, de 148 denuncias administrativas presentadas por presuntas irregularidades imputables a servidores públicos federales y locales, 124 seguían en trámite y 24 ya habían concluido.
En sólo siete casos se determinó la imposición de sanciones, las cuales consistieron, en su mayoría, en una amonestación o suspensión por 15 días.
De acuerdo con el organismo, en 17 casos no se encontraron elementos para sancionar a los funcionarios, o se alegó la prescripción de la irregularidad.
“Seremos más estrictos en el seguimiento e integración de las denuncias administrativas y penales que se presenten, así como en el seguimiento que se le dé al trámite de las mismas”, prometió el Ombudsman nacional, Luis Raúl González, al presentar el informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.