Actual política de combate a las drogas está agotada

MORELIA, Mich., 11 de septiembre de 2015.- En la presentación de la publicación regional “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”, senadores y representantes de organizaciones advirtieron que el esquema “prohibicionista” para combatir el tráfico de narcóticos está agotado y se requiere analizar otras alternativas para enfrentar el problema.

Según un comunicado de prensa, al encuentro asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que México se encuentra “bastante solo” en su reclamo para revisar las condiciones en que se da el combate al tráfico y consumo de drogas.

Consideró como logro de México, Guatemala y Colombia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en 2016, y donde se revisarán algunos aspectos de la lucha contra los estupefacientes; sin embargo, dijo que la actitud internacional para cambiar el actual esquema es “muy conservadora”.

México, explicó, ha planteado la necesidad de analizar con seriedad y profundad los diferentes modelos que existen a nivel mundial y sus resultados, pues hay países que están por la prohibición de las drogas, hay un conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión Americana que han optado por la legalización y otros que optan por la despenalización del consumo.

Indicó que la guerra declarada contra las drogas en los últimos años había generado una violencia extraordinaria, la cual aumentó por los cambios estructurales en las condiciones del mercado. Aunado a ello, agregó, nuestro país se enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, así como a un tráfico indiscriminado de armas y dinero ilegal.

No obstante, lamentó que nuestras preocupaciones no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que legalizaron el consumo medicinal de la marihuana; mientras, México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres presas en cárceles federales, lo están por transbordar drogas.

Por ello, el subsecretario mencionó que nuestro país pedirá que en dicha sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la aplicación de estos modelos a nivel internacional.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que no se tiene por qué esperar a que 193 países se pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad internacional combate las drogas y que el debate debe generar las soluciones para que nuestro país atienda de mejor manera esta problemática.

Aclaro que el Partido Acción Nacional no tiene una posición definida sobre legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso medicinal y científico; y eso es muy importante hacerlo ya”.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, coincidió en que “es momento de hacer un replanteamiento total de la política” en esta materia y dar un paso hacia la regulación de las drogas para usos medicinales e investigación científica.

Opinó que para minimizar los costos del combate al narcotráfico “se debe desmilitarizar la seguridad pública, retirar al ejército de las calles, fortalecer a las policías y recuperar el terreno perdido del Estado de derecho”, pues, reconoció, ya no es un problema de seguridad interior, sino de seguridad nacional, particularmente en la frontera sur.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que es importante poner en la mesa de discusión la descriminalización del consumo y autocultivo de drogas en el país.

Asimismo, consideró que se deben desarrollar alternativas al encarcelamiento para personas que cometieron delitos no violentos asociados al tráfico de drogas, pues es lamentable que las cárceles mexicanas estén llenas de individuos vinculados de alguna forma con este problema.

En tanto, la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez señaló en que la política prohibicionista ha generado el aumento de la violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes, la militarización de la seguridad pública, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los desplazamientos internos.

Previamente, Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, afirmó que el paradigma de la guerra contra las drogas, que se inició hace más de 50 años con el gobierno de Richard Nixon, “está demostrando su agotamiento” y su fracaso en la reducción de la oferta, en los países productores, y del ingreso de narcóticos en las naciones del norte.

Advirtió que “el prohibicionismo” ha provocado altos niveles de violencia, distorsiones en los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, así como en las políticas públicas de salud en toda la región.

Dijo que se requiere discutir con los gobiernos y las sociedades del continente la necesidad de cambiar este paradigma, que ha implicado costos como los altos niveles de militarización, el debilitamiento del debido proceso, detenciones masivas, castigos desproporcionados del sistema penal, y la violencia producida por las fuerzas de seguridad, no sólo en México sino en países como Honduras y Colombia.

Ante este panorama, enfatizó, es posible un enfoque que tenga una perspectiva de derechos humanos y explorar respuestas no punitivas, entre ellas, la regulación de los mercados, la reorientación de la persecución estatal a organizaciones criminales, la descriminalización del consumo y auto consumo de drogas, así como el establecimiento de penas proporcionales y congruentes.

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, dijo que en el contexto de la lucha por la seguridad y la guerra contra el narcotráfico, la práctica de la tortura ha sido sistemática, porque se utiliza como una forma de obtener información y para incriminar a responsables.

Dio a conocer que en 2014, este organismo constató 95 casos de tortura en cuarteles militares, donde la mayoría fueron personas procesadas por delitos relacionados con las drogas, que posteriormente fueron encontradas inocentes, y de los cuales, a la fecha, no existe ninguna sentencia.

Afirmó que la desaparición forzada también se incrementó a partir de 2006, “con el llamado a la guerra del ex presidente Calderón”, y que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas da cuenta de más de 25 mil casos. Además, del aumento de las ejecuciones extrajudiciales.

También destacó que otro de los problemas más invisibles de este enfoque es el desplazamiento interno forzado de personas, que se estiman en, por lo menos, 280 mil personas que fueron obligadas a dejar su lugar de origen por la violencia o las violaciones a los derechos humanos.