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MORELIA, Mich., 15 de enero de 2016.- Considerando como justificable por el abandono del Estado Mexicano a Michoacán, en el tema de seguridad, el que José Manuel Mireles Valverde portara armas junto con los autodefensas de la entidad, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, pidió formalmente reconsiderar el caso.
En un oficio hecho llegar al Juzgado Quinto de Distrito con sede en Uruapan, el Ombudsman refirió que ante el clima severo de inseguridad y violencia que ha vivido la entidad en años recientes, atenuado por la falta del Gobierno a realizar sus labores constitucionales de brindar seguridad pública y garantizar el orden, es por lo que los civiles tuvieron que armarse.
Y así “actuar para defender a su vida, la de sus familias y sus propiedades y bienes jurídicos”, en base a ello precisa que es probable que las autodefensas hayan cometido conductas tipificadas como delitos en las leyes actuales, “en concreto el de posesión de armas exclusivas del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas”.
En este sentido reflexiona que es probable que, en especie, se actualicen diversas excluyentes de incriminación, las cuales están previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal, como pudieran ser, detalla, el que se obró por una necesidad para salvaguardar su vida y de los otros.
De esta manera, pide que el procesado “pensaba y actuó considerando o creyendo que su conducta estaba justificada, pues incluso las autoridades competentes realizaron una especie de registro de armas.
Finalmente, en su escrito, Serrato Lozano, aclara que lo anterior pudo crearle la percepción a José Manuel Mireles de que sus conductas y su actuar estaba apegado a lo que la ley.