Beneficiadas, solo autoridades con pagos de la Isla de la Palma en 2001

LÁZARO CÁRDENAS, Mich, 23 de febrero de 2017.- El representante legal de posesionarios de la Isla de la Palma, Julio César Figueroa León informó que existen irregularidades en el proceso que actualmente la administración estatal realiza para desalojarlos de los terrenos que le pertenecen a sus representados, ya que señala que los “supuestos” pagos que se hicieron el 2001 por el gobierno de Leonel Godoy Rangel se repartieron entre autoridades del Ejido Zacatula y a asistentes de funcionarios del estado que laboraban en ese tiempo con el entonces gobernador.

Figueroa León dijo en entrevista vía telefónica que por ello esta semana señalaron en rueda de prensa, en el Senado de la República, que la Procuraduría Agraria ha perdido toda credibilidad para ellos, puesto que esta “ha sido coadyuvante” con el Ejido Zacatula para tratar de representar a los posesionarios de la isla de la Palma, el cual ha estado en contubernio con el propio gobierno para despojar de estos bienes a los propietarios legítimos.

Otorgó pruebas fotográficas de tres cheques que fueron pagados a nombre de personal que laboraba en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en ese momento, y ese es el “pretexto” que dice el Gobierno del Estado en 2008 utilizó para desalojar a los posesionarios de la Isla de la Palma, donde se encuentran en pugna 445 hectáreas, más otras 205 que actualmente son terrenos nacionales y están en proceso de regularización a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

Dicho proceso, indicó, se encuentra paralizado y la instancia antes mencionada les ha dado “solo negativas” al argumentarles que ya fueron pagadas, cuando el recurso lo recibieron unos cuantos y se dio de manera discrecional.

Agregó que por ello “se está violentando el estado de derecho”, ya que existe un juicio agrario en que se interpuso el amparo 353, donde se concede la suspensión definitiva de cualquier acción por parte de las autoridades hasta que se resuelva dicha situación, lo cual no se ha cumplido porque hace alrededor de dos semanas se utilizaron medidas de intimidación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al realizar un desalojo de los posesionarios que llevaban más de ocho años en lucha en ese lugar.

Por último, recalcó que a través del Senado de la República han pedido el apoyo para que se presente un punto de acuerdo donde se negocie con la Secretaría de Gobernación (Segob) y así evitar un conflicto social “que pudiera estallar en algo más fuerte y externó que el gobierno michoacano hasta el momento no tiene argumentos jurídicos y legales, “solo el acto de contubernio que realizó con el Ejido Zacatula”, por lo que mencionó que ya se reorganizan con los posesionarios para volver a colocar su plantón en la Isla de la Palma.