Ya son 9 comunidades con presupuesto directo; pide IEM no espantarse

MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2019.- Este martes, la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna se sumó a otras ocho que ejercen su presupuesto de manera directa, por lo que en Michoacán ya son nueve los pueblos originarios con autonomía presupuestal, un derecho constitucional al que el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, llamó a no espantarse.

“Esto no se trata ni de buenos ni de malos, es un derecho que están ejerciendo de manera legítima las comunidades indígenas; es un tema que debemos reflexionar, las y los presidentes sentarse con las comunidades cuando así se solicite para llevar los acuerdos a buen puerto y no a punta de sentencias”, expresó.

En entrevista con Quadratín, el presidente del Consejo General del IEM, Ramón Hernández Reyes, mencionó que se trata de un derecho establecido en la Constitución General de la República, y que en la actualidad ya ejercen: Cherán, Santa Cruz Tanaco, Arantepacua, Nahuatzen cabecera, Pichátaro, Comachuén y San Felipe de los Herreros.

“Es importante que nos familiaricemos, que no nos quite el sueño, que no nos llame la atención o nos preocupe este ejercicio que se está llevando a cabo; porque además no se trata de la entrega de recursos de forma ocurrente, sino que hay una sujeción a los marcos de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, comentó.

Admitió que las autoridades municipales pueden verse sorprendidas porque se trata de un tema novedoso para ellos, aunado a que recibieron como “herencia” algunos juicios que generaron un distanciamiento entre las comunidades y los ayuntamientos, por lo que las autoridades entrantes deberían ser factor para recomponer la relación.

“Existe la posibilidad del consenso y el acuerdo, como se ha visto en otras comunidades donde se han sentado a dialogar. Este ejercicio llegó para quedarse, no es algo de moda ni transitorio; el caso de Santa Fe es muy complejo, a diferencia de los demás se prolongó casi tres años derivado de las distintas cadenas impugnativas”.