MORELIA, Mich., 4 de octubre de 2018.- Consecuencia del relevo de los gobiernos municipales, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) ha recibido 300 demandas de juicios laborales por despidos injustificados de ayuntamientos, donde hacia finales de diciembre prevén al menos mil 500 asuntos.
En entrevista con Quadratín, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, Luis Fernando Rodríguez Vera, precisó que en un año electoral en que se generan los relevos el TCA llega a recibir hasta mil 500 demandas, lo que representa el triple de un año ordinario.
“Desde antes de que concluyeran las administraciones pasadas ya había varias demandas; en promedio llevamos 300 que han entrado desde el 1 de julio a la fecha porque los ayuntamientos que salen comienzan a despedir personal”, expuso.
Comentó que es natural que en cada cambio de administración los nuevos gobiernos traen consigo a sus equipos de trabajo, llegan con compromisos políticos y con convicciones de un proyecto compartido para el que buscan rodearse de personas de su confianza.
El servidor público señaló que en esta dinámica surge el riesgo de trasgredir derechos laborales de personal de base, que a la postre demanda, inicia un juicio que en caso de ganar, puede llegar a generar costos millonarios, ya que hizo notar que del total de juicios que se presentan hasta 80 por ciento de las controversias se falla a favor de los trabajadores.
Ante esta situación, Rodríguez Vera se pronunció porque en caso de decidir interrumpir la relación laboral, los presidentes municipales en funciones opten por la suscripción de convenios y de manera conciliatoria otorguen las indemnizaciones correspondientes.
“Habrá que tener cautela con el personal de base, ellos sí están protegidos por la ley estatal burocrática, son de base y no pueden ser considerados de confianza; la ley protege a los trabajadores y en caso de optar por la remoción se les tendría que pagar indemnización, así como las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones”, comentó.
Admitió que aunque hay algunos ayuntamientos que sí han optado por la vía de la conciliación, otros sí se han metido en el terreno de las plazas de base. Precisó que los trabajadores que sean despedidos tienen hasta dos meses para interponer una demanda.