Una odisea, comprobar en tribunales violencia política de género

MORELIA, Mich, 1 de junio de 2019.- Al señalar que la violencia política contra las mujeres por razón de género se configura en dinámicas normalizadas que constituyen agravios muy difíciles de documentar, la abogada del Partido de Trabajo (PT), Marcela Casillas Carrillo, ironizó que las agraviadas tendrían casi casi que llegar a extremos de instituirse en “espías” para evidenciar a sus agresores.

Entrevistada con relación a la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), que este viernes emitió sentencia en que halló infundada la denuncia de la regidora del PT Carmen Cruz Mendoza, del ayuntamiento de Áporo, y quien señalaba directamente al presidente municipal, Juan José Mendiola Loza.

“Es muy complicado demostrar, porque ella se tendría que convertir en espía, grabar las cosas que les dice el presidente, para poder tener pruebas, y entrar en una dinámica es algo que no compartimos”, comentó Casillas Carrillo, abogada de la referida regidora y representante legal del Partido del Trabajo.

Cabe recordar que el motivo de la denuncia de violencia política por parte de la regidora era que el alcalde Áporo la ninguneaba, ridiculizaba, se le excluía de determinada información y no se asentaban en actas de Cabildo sus posicionamientos, además, reclamaba ser obligada a firmar actas públicas simuladas de Cabildo, y de que se le cobraban las copias de actas.

Casillas Carrillo recordó que recientemente visitó la ciudad la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien en una conferencia impartida alentó: “deben denunciar, porque esto inhibe el mal comportamiento”; y en ese sentido, la abogada petista señaló que si bien el TEEM falló en contra de la regidora de Áporo, sus agresores sí se replegaron.

“Efectivamente, a raíz de que presenté el juicio a la compañera regidora le dieron un trato diferente, esto nos llama la atención porque cuando se está libre de conciencia el comportamiento hacia ella debería seguir igual, pero le bajaron todos a las actitudes que la agraviaban, porque hay implicaciones jurídicas muy importantes”, comentó.

Casillas Carrillo dejó claro que no piensa impugnar; recalcó que el único objetivo de la denuncia era demandar plena garantía de derechos a la regidora, y que en ningún momento se pretendió satanizar al presidente municipal Mendiola Loza, sino hacer valer las disposiciones legales para el ejercicio del cargo de una representante popular.

A pregunta expresa, respecto a la necesidad de reformas legislativas para abrir nuevas rutas hacia la justicia en casos de violencia política por razón de género, se pronunció porque tanto legisladores como magistrados consideren contextos y dinámicas instaladas en la realidad de lo cotidiano en los Cabildos y otros escenarios de la función pública, y con base en ello tomen las mejores decisiones.