Ya viene el cambio para vivir seguros y en paz: Lucy Meza
MORELIA, Mich., 9 de julio de 2020.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo ha continuado con la política emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, sino que ha dado “un giro a la tuerca, pasando de un Estado militarizado a militarista, trastocando las relaciones entre la milicia y el Poder Ejecutivo”, opinó el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, campus Ciudad de México.
En su intervención con motivo de la presentación del estudio Militarización en la 4T, manifestó el jesuita que desde la Ibero se continúa cuestionando las decisiones que en materia de seguridad se toman en el Gobierno federal, oposición que han sostenido desde la administración de Felipe Calderón “cuando decidió incorporar a las fuerzas armadas a la guerra contra el crimen organizado”.
En 2006 “entendíamos que en una circunstancia extraordinaria y sumamente compleja, eventualmente, los militares podían auxiliar la tarea policial y el combate al crimen, sin embargo, decíamos nosotros, al cabo de un tiempo, debe de haber una ruta de salida de la intervención militar y de fortalecimiento de las fuerzas policiacas civiles”, en cambio, se continuó y continúa con la política de ampliar las competencias de las fuerzas armadas en la tarea de la seguridad pública, derribando las estructuras de las relaciones entre el Estado y las fuerzas armadas heredadas de la Revolución Mexicana.
El acuerdo presidencial de mayo pasado, agregó, “autoriza al ejecutivo Federal a disponer de las fuerzas armadas de manera permanente para tareas de seguridad pública, sin que haya mecanismos de hacer un fiscalización”, y con ello garantizar los derechos humanos, hecho que no solo transgrede a la propia Constitución, también atenta tratado internacionales suscritos por México “y provoca un trastocamiento de la estructura Constitucional, de subordinación de poder militar al civil”.
Preocupa a lo académicos y activistas la imposición de tales obligaciones y concesiones a las fuerzas armadas por los datos objetivos que yacen en investigaciones por violaciones a derechos humanos, por ejemplo, explicó el Rector, “seis de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México, están relacionadas con violaciones a derechos humanos de las fuerzas armadas, en el contexto de la lucha contra el crimen”.
Recordó que la evidencia apunta a que en tareas de seguridad pública, las fuerzas armadas “no han sido eficaces”, en cambio favorece la comisión de graves violaciones a derechos humanos, las que quedan “impunes por las importancia de las fuerzas armadas”.
Por lo anterior, documentado en el informe público, concluye el Rector: “nuestra investigación deja en claro que la administración de Andrés Manuel López Obrador continúa esta dinámica de militarización y la profundiza al transferir las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas y la Marina; amplía el rol más allá de la seguridad, desbordando lo límites constitucionales y la convenciones internacionales; como un paso más y un giro adicional, una vuelta de tuerca, pasamos de la militarización al militarismo”.
Porque a diferencia de lo que puede pensarse, la Guardia Nacional no es una corporación civil, es un cuerpo militar en su mayoría, integrado por policías militares.