MORELIA, Mich., 23 de abril de 2020.- Hasta seis años de prisión se impondrán a quienes, durante una emergencia sanitaria discriminen a médicos, cirujanos, paramédicos, enfermeros, camilleros o cualquier otro profesional de la salud o trabajador del sector salud, público o privado, proponen los diputados Eduardo Orihuela y Ernesto Núñez.
En una iniciativa de ley que ambos firman y que presentarán al pleno de la 74 Legislatura en la sesión de mañana viernes, proponen que también se les apliquen de 100 a 150 días multa a quienes provoquen o inciten al odio o la violencia en su contra.
Actualmente las penas para el delito de discriminación es de seis meses a tres años de prisión o de 50 a 200 y de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, de acuerdo con las agravantes para quienes atentan contra la dignidad de las personas.
En su exposición de motivos señalan que la iniciativa de ley para adicionar el artículo 180 del Código Penal es una muestra de solidaridad del Legislativo para todos los trabajadores de la salud, y tiene el objetivo de agradecer y reconocer sus capacidades, disposición, competencias y compromiso con la sociedad para ayudar a resolver la presente crisis.
Señalan que en México han aumentado las agresiones contra personal sanitario que combate la enfermedad del Covid 19 porque se considera a los médicos, cirujanos, paramédicos, enfermeros, camilleros y a todos los demás trabajadores de hospitales, centros de salud y clínicas, como un riesgo potencial o una amenaza, en lugar de ser vistos como medios o conductos de solución al problema.
Especialistas advierten que detrás de los ataques, está el miedo, la ansiedad y el exceso o sobreexposición a información falsa o no certera, compartida a través de redes sociales y páginas de internet, que infunden pensamientos irracionales, que no tienen sustento o motivo, pero que orillan a las personas a actuar por impulso contra lo que para ellos representa u origina el pánico.
Las noticias reportan casos de agresión en distintas entidades federativas que los hacen víctimas de discriminación y atacan su dignidad personal; las denuncias de acoso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) han aumentado a más del doble.
Al respecto, el órgano nacional ha emitido recomendaciones para pedirle a la población evitar actos de estigmatización o de violencia, física o verbal, contra el personal de salud que atiende los casos de COVID.
Por ello consideran los legisladores que las conductas que atacan la integridad del personal de salud, por motivos u origen de discriminación, son inaceptables, reprochables y censurables y resulta urgente reformar la legislación penal para castigar a los agresores, en lo que es el inicio de un proceso de redignificación y respeto a la función que desempeñan los profesionales de la salud.
“Creemos que los gobiernos deben aplicar una nueva política de “cero tolerancia” ante estas situaciones”, indican en el documento.