TJAM: Michoacán sin sanción; no hay desacato, sino falta de recursos

MORELIA, Mich., 25 de enero de 2018.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) no ha procedido en contra del Gobierno del estado por no acatar las sentencias a favor de ex policías despedidos desde 2014, ya que no tiene recursos y nadie está obligado a lo imposible, afirmó el presidente de ese órgano jurisdiccional, Arturo Bucio Ibarra.

Ese Tribunal tiene facultades para aplicar multas desde una hasta 5 mil unidades de medida, más de 300 mil pesos en caso de que no se cumplan sus sentencias, además de dar vista al Ministerio Público y a las unidades de control para que además de la sanción penal, se apliquen castigos administrativos, pero no lo ha hecho, porque no se trata de un desacato, sino de falta de recursos, indicó.

“Hemos estado ya en condiciones de poder hacer eso en algunos asuntos donde ya no hay más que hacer y las autoridades han presentado demandas de amparo, en dos o tres casos, precisamente aludiendo que nadie está obligado a lo imposible, que no es un desacato a la resolución del Tribunal, sino que no hay recursos para pagar”.

El magistrado de la segunda ponencia del TJAM señaló que hay sensibilidad por parte de las autoridades estatales y se han estado resolviendo algunos asuntos, porque de cuando en cuando se hacen paquetes de los casos más antiguos y se paga conforme a derecho.

“Hay que reconocerlo, sí se está haciendo el esfuerzo para estar pagando y desahogando esa presión social tan enorme que existe, pero esto no ha sido suficiente, tenemos todavía un buen número de personas que están esperando su pago”.

Bucio Ibarra dijo desconocer cuántos casos están pendientes de pago, pero estimó que tan solo en su sala hay 15 o 20 que es urgente atender, pero cuando menos tiene entre 30 y 40, solo en su sala, insistió, por lo que el número se podría triplicar, considerando las otras dos ponencias.

El magistrado presidente reconoció que el incumplimiento de las sentencias del TJAM representan un gran problema para la institución, pero más para las personas que están a la espera de que se les pague, tanto por parte de la administración estatal como de las municipales.

A fines de 2017, un grupo de 60 ex policías despedidos de 2014 acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reiterar su queja por el incumplimiento en el pago de laudos laborales, que en conjunto suman 35 millones de pesos.