Tendría Congreso facultad expresa de aprobar o reprobar cuentas públicas

MORELIA, Mich., 4 de octubre de 2020.- El Congreso del Estado tendrá la facultad expresa de aprobar o reprobar las cuentas públicas estatal y municipales y los decretos respectivos serán publicados en el Periódico Oficial, de aprobarse una reforma constitucional propuesta por el diputado Marco Polo Aguirre.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional considera necesario que el Congreso se manifieste con claridad, desde su atribución exclusiva para ejercer el control financiero del gasto público, aprobando o reprobando cada Unidad Programática Presupuestal, a cada poder y a cada entidad u organismo autónomo.

“Si es incongruente que tratemos de reprobar o aprobar las cuentas públicas municipales o estatales de manera genérica, pues en el caso de los municipios cada uno debe ser aprobado o reprobado, mientras que en el caso estatal pareciera que si se reprueba la Cuenta Pública el responsable es el Gobernador del Estado, cuando en los hechos tanto el Poder Judicial como este Poder Legislativo hemos sido deficientes, tal cual lo han sido organismos autónomos y entidades paraestatales.

“Más incongruente resulta que, en los decretos que hemos aprobado sujetemos a la publicación del decreto su entrada en vigor, cuando contienen mandatos a nuestros propios órganos internos, como lo es la Auditoría Superior y la Unidad de Evaluación”.

En su iniciativa de ley señala que la parte valiosa de los dictámenes que la 74 Legislatura ha aprobado respecto a las cuentas públicas es superior, pues contienen información técnica suficiente para elaborar valoraciones precisas al integrar la Cuenta Pública que presentan las entidades.

Precisa que los informes que elabora el órgano técnico de fiscalización y el análisis que sobre estos realiza la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, es todo lo que se necesita para pronunciarse respecto a la forma de gastar los recursos públicos y al desempeño institucional de manera particular.

Por eso propone que del Decreto que resulte de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas no pueda ser observado; que los decretos correspondientes contengan, al menos, un apartado por cada unidad programática presupuestal fiscalizada y que en cada apartado el Congreso del Estado se pronuncie respecto al estado que guarda la cuenta pública como ejercicio de transparencia y apruebe o repruebe conforme a los hechos, como ejercicio de contrapeso institucional.

También plantea que la aprobación o no de las cuentas públicas por parte del Congreso del Estado tenga como objetivo dar a conocer públicamente el estado que guardan y vigilar que, en caso de existir irregularidades, los procesos e investigaciones para deslindar responsabilidades se lleven a cabo.