Tancítaro, 3 meses sin Cabildo; advierte Teemich parálisis institucional

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2025.- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) reconoció una crisis institucional en el ayuntamiento de Tancítaro, encabezado por el presidente municipal Carlos Navarro Corza, emanado del PAN, al declarar la inexistencia de omisiones formales en las convocatorias a Cabildo, pero advertir un conflicto político-administrativo que ha impedido sesionar durante al menos tres meses.
El pleno revisó el asunto en sesión pública este jueves; el estudio del caso, identificado como juicio ciudadano TEEM-JDC-168/2025, estuvo a cargo de la ponencia de la magistrada Yurisha Andrade Morales, quien no respondió a los cuestionamientos planteados por sus colegas, pero contó con el respaldo de la magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe y del magistrado Adrián Hernández Pinedo, siendo este último el único que argumentó a favor del proyecto.
Durante la discusión, la magistrada presidenta Alma Rosa Bahena Villalobos emitió un voto razonado y expuso que el trasfondo del conflicto radica en la remoción unilateral del secretario del ayuntamiento desde marzo, sin la aprobación de la mayoría del Cabildo, como lo exige el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal.
Desde entonces, seis de los siete integrantes del Cabildo, entre ellos tres regidoras y tres regidores, han promovido tres medios de impugnación ante el TEEM, todos relacionados con esta situación.
“Desde mi punto de vista, se ha generado un conflicto institucional entre los integrantes del Cabildo que rebasa los límites de la competencia electoral, pero que sin duda afecta el desempeño de las funciones esenciales como la prestación de los servicios públicos municipales”, advirtió Bahena Villalobos.
La Magistrada precisó que la remoción irregular del secretario ha derivado en la falta de reconocimiento de quien actualmente realiza sus funciones, lo que ha provocado la paralización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado.
“Se ha dejado de sesionar conforme al mandato legal, y esto constituye una afectación a la gobernabilidad. No basta con emitir un documento llamado convocatoria; debe entregarse formalmente y con certeza a quienes integran el Cabildo, cosa que no ocurrió en la mayoría de los casos”, enfatizó.
Aunque el proyecto de sentencia avaló las convocatorias emitidas por el encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, al considerar que actuó conforme a sus atribuciones, la magistrada presidenta propuso dar vista al secretario de Gobierno del estado, con fundamento en el artículo 21, fracción octava, del reglamento interior de la dependencia, a fin de que intervenga como tercero imparcial y propicie el diálogo entre las partes.
De no resolverse el conflicto por esa vía, advirtió, el Congreso del Estado tendría que intervenir, incluso con la posibilidad de iniciar procedimientos de suspensión o revocación del mandato de uno o más integrantes del Cabildo.
El magistrado Adrián Hernández Pinedo argumentó que, si bien las personas actoras alegan omisión en las convocatorias, en sus propios escritos reconocen que éstas sí ocurrieron, aunque emitidas por una persona cuya legitimidad cuestionan.
Desde su perspectiva, el proyecto resuelve correctamente con base en las pruebas y atribuciones vigentes.
El magistrado Erick López Villaseñor votó en contra y emitió un voto particular, mientras que la magistrada presidenta acompañó el sentido del proyecto con voto razonado.
Aunque no prosperó la intención de Bahena Villalobos de llevar el caso ante la Secretaría de Gobierno o ante el Congreso de Michoacán, y tres votos contra dos se declaró que no existen violaciones a derechos político electorales de los regidores, el caso de Tancítaro revela una posible fractura interna.
Y es que, a decir de Bahena Villalobos, este gobierno municipal, donde el alcalde y su planilla, que incluye a la síndica y una regidora, se enfrentan a la mayoría del Cabildo, que ha sostenido su inconformidad en sede jurisdiccional sin que, hasta ahora, se logre restablecer la funcionalidad institucional del ayuntamiento, por lo que la Magistrada planteó incluso posibles revocaciones de mandato.