Solo 3 de 125 iniciativas acumuladas prosperaron en el Congreso

MORELIA, Mich., 18 de enero de 2019.- Un total de 125 iniciativas de reformas o adiciones a diversas leyes del estado se acumularon al rezago legislativo ya que únicamente tres de ellas prosperaron durante el primer periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso del Estado.

Una de las tres iniciativas presentadas, analizadas, dictaminadas y aprobadas fue la de la diputada del Partido Verde Ecologista de México Lucila Martínez para modificar el decreto mediante el que se incluyó a seis víctimas de los granadazos de 2008 en el padrón de pensionados porque sus beneficios económicos fueron establecidos en unidades de medida y actualización y el reglamento establece los pagos en salarios mínimos, motivo por el que hasta diciembre de 2018 no habían podido cobrar.

Los otros dos asuntos que fueron aprobados no fueron precisamente reformas o adiciones a la normatividad vigente, pero si acuerdos del pleno para la creación de dos comisiones especiales, una para facilitar el traslado de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, la cual es presidida por el diputado proponente, Alfredo Ramírez, la otra de seguimiento a los trabajos de la Zona Económica Especial (ZEE) que preside el diputado Javier Paredes, aunque la propuso el diputado del Partido Verde Ecologista de México Ernesto Núñez.

Otras 39 reformas, presentadas en una sola iniciativa por el diputado Fermín Bernabé Bahena son para adecuarlas a la nueva figura de la Fiscalía General y el Fiscal General, una vez que se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía y se designe a quien será el primer Fiscal General del estado, aunque solo sea para sustituir el nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado y las atribuciones de su titular.

Del total 19 son para hacer reformas o adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, principalmente al primero, segundo y tercero que tienen que ver con los derechos humanos, a la existencia digna, la educación, la cultura y el trabajo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

El resto son para hacer reformas o adiciones prácticamente a todas las leyes vigentes, incluida la Orgánica y de Procedimientos del propio Congreso del Estado, así como algunas para modificar los códigos Civil, Familiar y Penal.