MORELIA, Mich., 19 de julio de 2019.- Sin aparentes argumentos jurídicos ni causa justificada, el DIF Michoacán impide la plena convivencia y adopción de una menor en situación de abandono, acusó la pareja formada por Christian Shubert y Nabanita Nasgupta, catedráticos de la Universidad Michoacana.

De nacionalidad alemana e hindú, respectivamente, los docentes e investigadores de tiempo completo desde 2005, denuncian una serie de presuntos obstáculos para lograr la adopción de una pequeña.

En entrevista con Quadratín, la pareja narra que todo comenzó en 2013 cuando conocieron a Danna, de entonces 8 años de edad quien estaba en situación de abandono en el albergue Cristo de San Juanito Itzícuaro.

Un año después, la niña comenzó a vivir con ellos durante días escolares. En 2015 inició el proceso de adopción y ese mismo año se aprueba la adopción e inicia el trámite de legalización ante el Poder Judicial, el cual frena el procedimiento por oposición biológica de la madre.

En 2018 y luego de una serie de trámites y alegatos, un juez penal cede la custodia de la menor al DIF quien la interna en la casa Gertrudis Bocanegra.

En agosto de 2018, relata la pareja a Quadratin, les otorgan nuevamente autorización para convivir con la pequeña durante fines de semana, días escolares y vacaciones, sin embargo el pasado 5 de julio el DIF les anuncia la cancelación de los permisos de convivencia, el día 8 la aísla en el hogar Gertrudis Bocanegra, el día 11 un juez de distrito ordena al DIF que permita la comunicación y éste se niega.

La pareja anunció que acudirá ante la Justicia Federal ya que se atenta contra el interés superior de la menor. “Nosotros, afirman, somos sus padres, no biológicos pero sí por decisión, le abrimos nuestro hogar, le dimos su habitación, su espacio, la inscribimos en un colegio, le ofrecimos clases extra curriculares pero el DIF nos niega el derecho de estar juntos”.

Boris González Ceja, sicólogo y asesor de la pareja y Francisco Sánchez Chacona, maestro en Derecho y asesor jurídico de la misma, coincidieron en señalar que el DIF atenta y violenta los derechos de la menor.