MORELIA, Mich., 13 de julio de 2018.- El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Arturo Bucio Ibarra, no se anda por las ramas: “las sentencias de inhabilitación de funcionarios y alcaldes omisos, con adeudos, están en la cancha del Congreso del Estado”.

No se lava las manos.

Dice que el Tribunal de Justicia Administrativa cumplió con los procedimientos.

Procedimientos que involucran al menos, momentáneamente, a los alcaldes de Numarán, Angamacutiro, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Zinapécuaro y, recientemente, Apatzingán,

“El Tribunal no tiene por qué ratificar las sentencias. Ese no es el procedimiento. Toca al Congreso concluir la etapa de la ejecución”, revela a Quadratín.

El Magistrado Presidente se declara respetuoso de los poderes del Estado, pero asegura que no claudica en su función ni en su misión.

Y es que el pasado 21 de junio, mediante oficio DGSAT/0220/2018, la Dirección General de Servicios de Asistencia Parlamentaria informa el estado que guardan siete expedientes de denuncias presentadas por particulares contra los ayuntamientos en mención.

En todos ellos, el TJAM pide se dé cumplimiento a las sentencias en un plazo no mayor a 24 horas y emplaza a la 73 Legislatura a iniciar el procedimiento de juicio político contra los alcaldes deudores, y su posterior inhabilitación al cargo.

Pero, por supuesto, el amiguismo, los turbios compromisos de los legisladores locales, han llevado a la sobreprotección de sus alcaldes, en una actitud de abierta flagrancia a la ley y desacato a las recomendaciones del TJAM.

Es más, previo al proceso electoral, eludieron meter mano al asunto, pues varios de ellos, como es el caso de César Chávez, de Apatzingán; de Refugio Cuquis Silva, de Zinapécuaro, ambos priístas, buscaron la reelección, pero tuvieron aplastantes derrotas ante la maquinaria morenista.

El Magistrado Presidente apela a la secrecía de las investigaciones, pero informa del procedimiento.

Dice que aunque los alcaldes concluyan su mandato, el proceso sigue. Es decir, será heredado por sus sucesores, ya que es un adeudo institucional.

Lo cierto es que los munícipes señalados se la llevaron nadando de muertito, protegidos siempre por sus compañeros legisladores.

El procedimiento es la sentencia, el proceso juicio político, la inhabilitación y enfrentar cargos judiciales.

Según el Congreso del Estado, el TJAM no cumplió el proceso de sentencia, no satisfizo los requisitos legales para iniciar los procedimientos de juicio político en el pleno del Legislativo, burda maniobra proteccionista que quiebra la legalidad, omite la responsabilidad de los funcionarios municipales y ampara la impunidad, vía intereses partidistas.
Y es que el Presidente del TJAM acepta que las sentencias contra funcionarios que fueron producto de elección popular, necesariamente tienen que pasar por la aduana del Legislativo, no así los funcionarios designados, a quienes sí pueden inhabilitar de manera directa, sin pasar por el juicio político.

“Nuestra función no es que se destruyan funcionarios, sino que se cumpla con las sentencias. Esa es una facultad que corresponde al Legislativo”, aclaró.

En este sentido, Bucio Ibarra se pronunció por que institucionalmente se pueda destrabar la situación que impide la plena ejecución de las sentencias, que se encuentran en la congeladora de la 73 Legislatura.