MORELIA, Mich., 16 de abril de 2019.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se pronunció en espera de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal le deje claro cuál Ley de Educación quedará vigente, si la de 2014 o la anterior, para ajustar la política educativa en Michoacán, pero citando a juristas adelantó que un memorándum de decreto no puede desactivar un ley.

En entrevista con Quatratín, el titular de la SEE en Michoacán, Alberto Frutis Solís, se refirió a pregunta expresa al memorándum suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes, para desactivar los efectos de la Reforma Educativa, de lo cual se pronunció respetuoso, pero recordó que en términos de ley no tendría impacto.

“De acuerdo con los juristas es un memorándum que no puede causar efectos sobre una ley. Nuestro pronunciamiento es que estamos en un país de leyes e instituciones, y por ese camino vamos a transitar, esperando el comunicado oficial de la Secretaría de Educación en cuanto a cuál reforma educativa queda vigente, si 2014-2019 o la anterior”, expuso.

Y es que, a decir de Frutis Solís, el referido memorándum constituye un llamado a la Secretaría de Gobierno, SEP y Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal, pero trastoca un tema de connotación legislativa, toda vez que se trata de una ley ya promulgada, como se pretende.

No afecta proceso de federalización

A pregunta expresa, el secretario de Educación en Michoacán dejó claro que esta decisión del Gobierno federal no afecta en nada el proceso de entrega-recepción de la nómina educativa estatal al Gobierno Federal, ya que explicó que son dos caminos diferentes.

“Lo que quiere el Presidente, así entendemos, es darle espacio en las cámaras legislativas a la discusión, para que las partes que se consideran punitivas de la Reforma Educativa queden sin efecto, me refiero a la permanencia de los maestros”, dijo.

El referido memorándum convulsionó este martes a la clase política en rechazo a lo que consideraron un manotazo de arbitrariedad del Ejecutivo federal, y una intromisión en las competencias del poder Legislativo, al pretender invalidar la Ley de Educación, ya que ello implica una reforma a la Constitución General de la República.