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MORELIA, Mich., 23 de octubre de 2017.- Únicamente cinco aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción se registraron al cierre de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado: Lauro Pallares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez y Marco Aurelio Nava Cervantes.
Tres de ellos son funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), inclusive, uno de ellos, Lauro Pallares Ramos, ya ostenta el cargo de Fiscal Anticorrupción, pese a que legalmente esa figura todavía no aplica en el estado, porque no se ha hecho la reforma mediante la que la PGJE deja de depender del Ejecutivo estatal para ser un organismo autónomo.
Marco Auelio Nava Cervantes es un hombre muy cercano al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, de quien fue su secretario particular, aunque ahora es coordinador general de Fiscalías Regionales de la PGJE.
Edgar Hugo Rojas Figueroa también es funcionario de la PGJE, donde se desempeña como director del Instituto de Capacitación y Profesionalización.
Alejandro Carrillo Ochoa también tiene vínculos con la actual administración estatal, ya que es jefe del departamento de Expropiaciones y Opiniones de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo.
Salvador Sandoval Rodríguez, en su perfil de Linkedin, se presenta como Director de Administración, Abogado y Consultor Gubernamental, aunque también ha estado ligado al Poder Legislativo, donde ha sido asesor y director jurídico de la Auditoría Superior de Michoacán.
Entre los requisitos que deben cubrir están los de tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con cédula profesional de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años; tener cuando menos cinco años de experiencia en la procuración de justicia o bien cinco años de reconocida trayectoria en materia de derecho penal; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad.
Además, acreditar conocimientos o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.
Quien sea designado durará en el cargo siete años y rendirá la protesta de ley ante el Pleno de la 73 legislatura del Congreso del Estado.