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MORELIA, Mich., 27 de julio de 2025.- Carlos Torres Piña, apenas minutos antes secretario de Gobierno, rindió protesta este domingo como nuevo fiscal general del Estado de Michoacán, en una votación marcada por el respaldo político de la mayoría legislativa y por los cuestionamientos sobre la falta de imparcialidad en el proceso de designación.
Con 35 votos a favor, la mayoría calificada requerida, el Pleno del Congreso del Estado lo eligió de entre una terna integrada además por Salvador Sánchez Suárez y Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete.
La sesión se desarrolló en medio de vítores, aplausos y gritos de “¡Torres Piña, Torres Piña!” lanzados desde las galerías por decenas de presidentes municipales que acudieron a arropar al ahora fiscal general.
Ni el procedimiento apresurado, ni la ausencia de renuncia pública al cargo previo a la votación, ni la exclusión de mujeres con trayectoria en la Fiscalía, como Jarintzin Reséndiz Camacho, con 15 años de experiencia en la institución, impidieron que Torres Piña se alzara como el ganador del proceso.
El nombramiento fue defendido en tribuna por diputados de Morena, el Partido del Trabajo y aliados, quienes exaltaron sus capacidades políticas, conocimiento del territorio y perfil conciliador.
“Esta es una elección política, más que técnica”, admitió el petista Hugo Rangel Vargas. En tanto, legisladores como Juan Pablo Celis y Reyes Galindo se deshicieron en elogios hacia su compañero de partido, al que calificaron como “el más preparado” para encabezar el órgano autónomo.
Torres Piña asume la titularidad de la FGE con un mandato de nueve años, en sustitución de Adrián López Solís, quien dejó el cargo de manera anticipada.
Su plan de trabajo incluye siete ejes estratégicos, entre ellos coordinación interinstitucional, inteligencia, participación ciudadana y modernización tecnológica, aunque analistas y legisladores de oposición han advertido que su nombramiento podría comprometer la autonomía de la institución.
El proceso arrancó el 10 de julio con una convocatoria abierta a la que respondieron 16 aspirantes, de los cuales el Congreso preseleccionó a 10.
Sin deliberación pública, el Ejecutivo estatal regresó la terna a pocas horas de recibir la decena de nombres y la Comisión de Justicia del Congreso presentó el dictamen sin convocar a nueva sesión.
Pese a las críticas por la exclusión de mujeres y por la velocidad del trámite, la designación se concretó sin contratiempos, dejando ver el músculo político de Torres Piña y del grupo mayoritario que lo respalda.
En contraste, diputadas como Itzé Camacho y Sandra Garibay, y el diputado Toño Carreño expresaron su inconformidad por la falta de paridad y transparencia.
La elección del nuevo fiscal ocurre en un contexto de creciente presión ciudadana por el combate a la impunidad y la exigencia de un sistema de procuración de justicia más independiente.
En ese escenario, Torres Piña enfrenta el reto de demostrar que su perfil político no será un obstáculo para garantizar una Fiscalía profesional, imparcial y eficaz.




