Tras la disuasión de los bloqueos en Jiquilpan, acuerdan más vigilancia
MORELIA, Mich., 11 de agosto de 2019.- Al menos 550 millones de pesos se requieren para concretar la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General, afirmó el fiscal Adrian López Solís quien advirtió que de no asignarse ese apoyo se estará condenando a la institución a seguir funcionando con los mismos recursos y esquema con que lo hacía la Procuraduría.
“Hoy tenemos la oportunidad de desnudar la realidad de la institución; después, nos van a decir porque no nos dijiste” señaló el Fiscal General, al dar a conocer un adelanto del diagnóstico que elaboró y que presentará al Congreso del Estado junto con el Plan de persecución de delitos a corto y mediano plazo a fines de este mes de agosto.
Informó que la Ley Orgánica de la Fiscalía obligó a crecer en un 25 por ciento la estructura de mando por la creación de nuevas áreas como las nuevas fiscalías de medio ambiente y la de derechos humanos o la contraloría, para las cuales no se asignaron recursos adicionales y lo han resuelto mediante encargaturas.
En recursos humanos ocupamos mínimo unos 500 policías de investigación adicionales ya que actualmente cuentan con mil en la nómina, pero solo unos 700 son los efectivos porque el resto realiza labores administrativas.
Esos 700 policías investigadores son insuficientes para un promedio anual de 45 mil delitos registrados en carpetas de los cuales son mil 350 homicidios, cinco mil robos de vehículos y seis robos a casa habitación que son los delitos de mayor incidencia e impacto social.
Además, indicó que es urgente un proceso de homologación salarial porque hay plazas de policías, peritos y agentes de investigación que pertenecen al nuevo sistema con un salario de 25 mil pesos, pero hay plazas del viejo sistema en las que el personal gana la mitad lo cual es inequitativo y desalienta la función del servidor público porque ya impera un solo modelo y todos realizan el mismo trabajo y tienen la misma responsabilidad.
Tan solo para ese proceso de homologación salarial se requieren 200 millones de pesos, otros 75 millones para tecnología, 30 millones más para actualizar los softwares de servicios periciales, la adquisición de reactivos, así como de 200 vehículos y 400 armas.
López Solís indicó que tanto ese diagnóstico como el Plan de persecución del delito son para orientar a la Fiscalía General a su tarea sustantiva de investigación y persecución de los delitos porque hasta ahora se ha hecho el esfuerzo por atender los delitos de alto impacto y por despresurizar los delitos que no son de alto impacto a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
“En ambos casos el reto es incrementar nuestros resultados, mayor judicialización y mayor número de casos resueltos vía mecanismos alternativos como instrumentos para la construcción de la paz; dejar los números que traemos en materia de archivo temporal e irnos más a soluciones de fondo, son algunos de los principios y criterios que animan este Plan de persecución penal y el diagnóstico”, indicó el Fiscal General.