Requiere FGE incremento de 64 puestos estructurales

MORELIA, Mich., 24 de septiembre de 2019.- La Fiscalía General requiere un rediseño institucional que implica pasar de 201 a 265 puestos de estructura, desde nivel fiscales regionales y especializados hasta subdirectores de área.

En el Plan de Persecución del delito que el fiscal general Adrián López Solís entregó al Congreso del Estado se reconoce que por falta de personal cuatro Fiscalías Regionales no cuentan con la estructura básica y funcionan con precariedad, lo mismo que las tres Fiscalías de nueva creación.

La actual Ley Orgánica demanda la creación de nuevas áreas y en otros casos la elevación de unidades a Fiscalías Especializadas y aunque las diez Fiscalías Regionales se mantienen en número, es necesario que las sedes de Coalcomán, Jiquilpan, La Piedad y Huetamo cuenten con su estructura básica, Fiscal Regional y directores de carpetas de investigación, de litigación, de servicios periciales y de policía de investigación.

Las fiscalías de nueva creación a las que obliga la Ley son la Fiscalía especializada para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; Fiscalía especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión y la Fiscalía especializada en combate a los delitos contra el ambiente y la fauna, las cuales están operando con encargados.

Además del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Fiscalía de Asuntos Internos y la nueva Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, también requieren de un rediseño.

La explicación que se da en el documento es la de que en los últimos años la estructura de la entonces Procuraduría sufrió diversos cambios, originados principalmente por mandatos de Leyes Generales y acuerdos suscritos en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Este crecimiento fue en parte desordenado y trajo, entre muchas consecuencias, el descuido de áreas sustantivas por la necesidad de redirigir recursos humanos, financieros y materiales a las áreas de nueva creación impuestas por obligaciones externas que no consideraban las necesidades de áreas operativas, ni el desarrollo de las funciones sustantivas.