Registra Michoacán 20 agresiones contra periodistas durante 2016 y 2017

MORELIA, Mich., 27 de octubre de 2018.- Durante 2016 y 2017 Michoacán registró un total de 20 agresiones contra periodistas en el ejercicio de su labor, lo que ubicó a la entidad a nivel nacional en las posiciones número 11 y 14, respectivamente, de acuerdo con cifras de Artículo 19.

La organización independiente y apartidista que promueve y defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, detalló que dentro de estos casos de violencia en la entidad se registró un asesinato el año pasado.

La víctima fue el periodista Salvador Adame Pardo, quien dirigía un canal de televisión en el municipio de Múgica, ubicado en la región de Tierra Caliente. Él desapareció el 18 de mayo y su cuerpo fue encontrado un 14 de junio en Gabriel Zamora.

La documentación de agresiones contra la prensa de Artículo 19 revela que en 2016 se presentaron en el estado: una amenaza, dos ataques a medios de comunicación, dos ataques físicos o materiales, dos intimidaciones, una intrusión no autorizada y dos privaciones de la libertad.

Para 2017 ocurrieron: un caso de hostigamiento, tres amenazas, un asesinato, un ataque físico o material, una desaparición forzada, un desplazamiento forzado y dos intimidaciones.

A nivel nacional, la organización independiente tiene contabilizadas 933 agresiones contra periodistas, de las cuales 83 fueron acosos, 23 asesinatos, 163 ataques físicos o materiales, 13 desplazamientos forzados, 220 intimidaciones, 96 privaciones de la libertad.

Así como también, dos remociones de contenidos, 194 amenazas, 39 ataques a medios de comunicación, una desaparición forzada, 28 intervenciones en la comunicación, 23 intrusiones no autorizadas y 48 casos de violencia institucional.

Durante estos años, los mayores casos de agresiones contra periodistas han ocurrido en estados como Ciudad de México (149), Veracruz (109), Oaxaca (98), Guerrero (62), Puebla (54) y Coahuila (53).

Las entidades que concentran el mayor número de asesinatos registrados durante 2016 y 2017 son Veracruz (7), Oaxaca (4), Chihuahua (2), Guerrero (2), Tabasco (1), Puebla (1), Baja California (1), Baja California Sur (1), Sinaloa (1), Jalisco (1), San Luis Potosí (1) y Michoacán (1).

México, el país más peligroso ejercer el periodismo

Datos de Reporteros sin Fronteras, organización independiente en defensa y promoción de la libertad de expresión, revelan que desde el 2015, México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo con 36 comunicadores asesinados debido a su labor.

Las cifras revelan que tan solo en lo que va del presente año asciende a 10 el número de periodistas asesinados en el país, de los cuales, en siete se ha podido confirmar que el crimen estaba directamente relacionado con profesión. A este número se suman dos periodistas ciudadanos asesinados también durante 2018.

Los periodistas mexicanos asesinados son: Carlos Domínguez Rodríguez, Leobardo Vázquez Atzin, Juan Carlos Huerta, Héctor González, José Guadalupe Chan Szib, Rubén Pat y Mario Gómez.

Aprueban Ley que protege a defensores de Derechos Humanos y periodistas

En julio de 2018, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual busca garantizar la vida, integridad y seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo a través de mecanismos de cooperación entre el estado y sus municipios.

Con ello se crea el Sistema Estatal, para realizar las tareas de reacción rápida en casos de urgencia el cual opera en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

La normativa señala que se aprueban medidas de protección ordinarias y extraordinarias, escoltas y acompañamiento, inmuebles con infraestructura, bienes físicos, telecomunicaciones, botón de asistencia, patrullajes, rondines, y las que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios, como sistemas de alerta temprana y planes de contingencia.