Protestan por trabas al aborto e intervienen Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 27 de septiembre de 2026.- Pese a su despenalización, el acceso efectivo al aborto continúa enfrentando obstáculos en Michoacán, denunciaron mujeres que este domingo intervinieron de manera pacífica la fachada del Congreso del Estado con carteles para evidenciar barreras institucionales, objeción de conciencia y desigualdades que, sostuvieron, mantienen este derecho fuera del alcance de parte de la población.

La protesta se realizó en vísperas del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las manifestantes colocaron con engrudo decenas de carteles sobre los muros exteriores del Palacio Legislativo y posteriormente dieron lectura a un pronunciamiento. La movilización se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin confrontaciones ni actos de violencia.

Entre los materiales colocados destacó una imagen de sátira política en la que aparecen Ernesto Núñez Aguilar, Baltazar Gaona García, David Cortés Mendoza y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla representados con vientres de embarazo, acompañados de la frase: “Si los hombres se embarazaran, el aborto ya sería legal”. Sobre las imágenes aparece también la palabra “agresor”, señalamiento realizado por las propias manifestantes.

El mensaje buscó confrontar simbólicamente a quienes toman decisiones públicas con una realidad que, denunciaron las mujeres, continúa marcada por dificultades para acceder a la interrupción del embarazo, pese a los cambios legales registrados en Michoacán.

“La ley puede decir que el servicio existe; nuestra realidad nos obliga a preguntar si realmente está llegando a todas las personas gestantes y a todas las comunidades en Michoacán”, plantearon durante el pronunciamiento.

Entre los obstáculos señalaron desinformación, traslados, falta de personal no objetor, barreras institucionales y desigualdad económica para acceder a procedimientos seguros y oportunos, particularmente entre quienes viven lejos de los centros urbanos o carecen de recursos suficientes para desplazarse.

Uno de los principales cuestionamientos se dirigió a la objeción de conciencia del personal de salud. Las manifestantes reconocieron que se trata de un derecho individual, pero rechazaron que su ejercicio pueda traducirse en la negativa o retraso de la atención.

“La objeción de conciencia es individual, el derecho a la salud es colectivo”, señalaron, al demandar que las instituciones garanticen personal capacitado y no objetor, además de rutas de atención que permitan ejercer efectivamente el derecho.

“Un derecho que existe en el papel pero que no puede ejercerse en territorio, sigue siendo un derecho inaccesible”, advirtieron.

El pronunciamiento también emitió críticas hacia las dirigencias sindicales encabezadas por Guadalupe Pichardo y Fabio Meza, al considerar que la defensa del personal objetor no puede colocarse por encima de la obligación institucional de garantizar los servicios. 

Las manifestantes reconocieron la legitimidad de los derechos laborales y de la objeción de conciencia, pero sostuvieron que éstos no pueden convertirse en una barrera para las usuarias.

La protesta abrió además un frente político contra Ernesto Núñez Aguilar, Baltazar Gaona García y David Cortés Mendoza. A Núñez le reprocharon su propuesta relacionada con la denominada “falsa atribución de paternidad”, a la que calificaron como “regresiva y punitivista”.

Sobre Baltazar Gaona cuestionaron sus posiciones frente a la perspectiva de género y las capacitaciones en la materia, mientras que en el caso de David Cortés hicieron referencia a señalamientos surgidos durante el proceso electoral de 2024 y a un procedimiento derivado de una denuncia por posible violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos señalamientos corresponden al posicionamiento expresado durante la manifestación y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Las críticas alcanzaron también al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Las manifestantes reprocharon que desde el Ejecutivo estatal se presenten como propias agendas que, argumentaron, han sido construidas durante años por el movimiento feminista.

“No aceptamos que el Ejecutivo convierta nuestras luchas en capital político ni que se adjudique conquistas construidas por mujeres organizadas”, expresaron.

Las mujeres señalaron además que el acceso al aborto está atravesado por las condiciones económicas: mientras algunas pueden pagar atención privada, trasladarse y recibir acompañamiento médico, otras enfrentan dificultades para costear viajes, ausentarse de sus empleos o llegar hasta los sitios donde se brinda el servicio.

“Defender el aborto no significa estar en contra de la maternidad. Significa defender que ser madre sea una decisión y no una obligación”, establecieron.

Durante la protesta participaron mujeres integrantes de distintas colectivas. Entre quienes fijaron públicamente postura estuvieron Samantha Vázquez, de We R Women On Fire, y Verónica Loaiza, de la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem), acompañadas por otras manifestantes que participaron en la intervención del inmueble.

Las demandas incluyeron educación sexual e información para niñas, adolescentes y jóvenes, acceso a anticonceptivos, justicia reproductiva y alimentaria, autonomía corporal y una vida libre de violencia.

La protesta concluyó sin incidentes y dejó sobre la fachada del Congreso los carteles con los que las manifestantes buscaron evidenciar una contradicción: que el aborto haya avanzado en el terreno legal en Michoacán no significa, sostuvieron, que todas las mujeres y personas gestantes puedan acceder a él en condiciones efectivas.