Propone Quintana indemnización a afectados por actividad administrativa

MORELIA, Mich., 5 de julio de 2016.- Una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán y sus Municipios que tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer y hacer efectivo el derecho a la indemnización a los ciudadanos sufran daños en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular, propone el diputado Carlos Quintana Martínez.

Esta responsabilidad deberá determinarse mediante el Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, la cual se iniciará a petición de la parte interesada ante la Contraloría Interna del organismo presuntamente responsable, indicó el legislador del Partido Acción Nacional.

El coordinador de los diputados del albiazul señaló que en la iniciativa se establece que los entes públicos cubrirán las indemnizaciones con cargo a sus respectivos presupuestos, conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del Estado.

“Cuando se exceda de ese monto máximo presupuestado, se cubrirán a más tardar en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden en que se emitan las respectivas resoluciones, independientemente de que el organismo público aplique el pago de la indemnización a los servidores públicos cuando se determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya sido dolosa o grave.

Quintana Martínez indicó que la iniciativa contempla los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el ciudadano no está obligado a demostrar que la actividad administrativa del Estado que le ha causado un daño o prejuicio es irregular, sino que será el propio ente público quien deberá acreditar que su actuación se apegó a las normas o parámetros establecidos.

“Esto es importante, porque es muy difícil para un ciudadano afectado probar el actuar irregular del Estado, sobre todo por tratarse de cuestiones técnicas que requieren de análisis especializados en la materia y que en muchos casos rebasan los conocimientos y alcances de la ciudadanía en general”, indicó.