Proponen que se atienda a pacientes graves sin una garantía de pago

MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2019.- Precisar en la ley que la atención de pacientes que tienen en peligro la vida, un órgano o mujeres parturientas, ya sea en hospitales públicos o privados, deberá ser con un enfoque de derechos humanos, por lo que la garantía de pago no podrá ser condicionante, propuso el diputado Norberto Antonio Martínez.

En una iniciativa de ley para reformar el artículo 17 de la Ley de Salud para hacer esa precisión señala que para los pacientes en general, en la vía de los hechos, las instituciones que prestan servicios de salud, particularmente las de carácter privado, solo otorgan la atención médica a causa de una emergencia, cuando existe garantía de pago.

Con las adiciones que propuso se pretende que todo paciente reciba atención médica de emergencia por personal médico capacitado, en los establecimientos de salud, sean públicos o privados, de acuerdo a sus necesidades médicas, con el propósito de estabilizar su salud, cuando esté en peligro su vida, un órgano o una función; sin que el requerimiento económico sea un condicionante para la atención médica de urgencia, asimismo, que existan sanciones en caso de omisiones a lo mandatado.

En aras de garantizar que todas las personas que se encuentran en alguna emergencia médica, debido a alguna enfermedad, padecimiento o por consecuencia de algún accidente, puedan acceder inmediatamente a servicios médicos de primera instancia en hospitales públicos, privados o sociales, con la finalidad de estabilizar su salud siempre que se encuentre en peligro su vida, un órgano o una función.

Considerando que es una obligación de las instituciones de salud, así como de sus trabajadores, el velar porque prevalezca la vida sin distingo de raza, sexo, religión, edad o condición económica; la iniciativa retoma esta premisa como su principal objeto social.

Señala que en Michoacán como en todo México, muchas personas se han encontrado en condiciones de emergencia por motivos de salud, enfrentándose a complicaciones graves por la falta de atención médica que derivan hasta en la muerte a consecuencia de no contar con los medios económicos para garantizar un pago y así recibir la atención médica de emergencia necesaria para salvar su vida e integridad.

“Pareciera que en nuestro país y en nuestro estado es un delito la pobreza, siendo la principal causa que limita a las personas a recibir una atención médica adecuada, principalmente cuando la unidad médica más cercana en caso de una emergencia es una institución privada, ya que para la recepción del paciente exigen garantizar un método de pago, esta situación se convierte en un caso grave de discriminación.

“Si bien no podemos exigir que las instituciones privadas brinden un tratamiento completo a las personas que acuden en casos urgentes, se pretende garantizar que estas atiendan la emergencia médica hasta que el paciente se encuentre en condiciones de ser trasladado a una institución pública que cuente con las condiciones necesarias para salvar su vida y su integridad”, señaló en su exposición de motivos.