MORELIA, Mich., 14 de noviembre de 2019.- Considerar el activismo como una agravante en el asesinato de una mujer para clasificarlo como feminicidio, propuso la diputada del partido Morena Zenaida Salvador.

Al presentar su iniciativa de ley, señaló que la participación de la mujer en la vida política, electoral, activistas sociales o ecologistas, defensoras de derechos humanos o líderes feministas, han propugnado por el reconocimiento a su capacidad, participación y derecho a ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, esto ha traído como consecuencia, el alza de violencia en contra de la mujer, como la sufrida por Eufrosina Cruz Mendoza, mujer indígena zapoteca víctima de violencia de género o como Marbella Ibarra promotora del fútbol femenil en Tijuana.

Jennifer López fue una activista trans que luchó por los derechos de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) en Ometepec, quien fuera asesinada en el estado de Guerrero.

Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, era integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes ha sido objeto de amenazas de muerte y ataques; Miriam Rodríguez Martínez, activista y líder del Colectivo de Personas Desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas, a quien un grupo de hombres armados la asesinaron.

Miroslava Breach Velducea, era periodista del diario La Jornada, le dispararon y en la escena dejaron una nota que decía: «Por ser una bocona”.

En Michoacán el caso más sonado el de la candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de Michoacán, la Ciudadana Maribel Barajas de 25 años de edad y quien fuera asesinada en esta capital.

“Todas ellas fueron asesinadas por defender sus derechos, las que pelearon para proteger su tierra del Estado y de las compañías multinacionales, fueron postuladas a cargos públicos o que denunciaron injusticias o corrupción, o las que se levantaron por los derechos de lesbianas, gays y personas trans.

“Las autoridades e instituciones mexicanas continúan siendo deficientes, pese a la firma y ratificación de Tratados Internacionales tendientes a prevenir y erradicar la violencia a las mujeres, la administración de justicia no ha respondido de manera eficaz a los crímenes con violencia, la respuesta del Estado para sancionar y reparar los hechos de violencia dirigidos hacia las féminas continúa siendo pobre, lo que ocasiona la pérdida de confianza en las autoridades”.

El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio ha estimado que un 60% de los casos en el país quedan impunes, por lo que es preciso legislar en favor de la igualdad sustantiva de género, sin violencia política garantizando la participación de la mujer en la política, en la vida social, sindical, cultural y cualquier otro ámbito donde desee desempeñarse, sin riesgos de ningún tipo que le obliguen a claudicar o peor aún a perder la vida en el intento, indicó la legisladora de Morena.