Privar de la vida en legítima defensa no sería delito
MORELIA, Mich., 26 de noviembre de 2019.- La privación de la vida en legítima defensa también sería causa de exclusión del delito, de prosperar la iniciativa de ley presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Marco Polo Aguirre.
Además, no se considerará exceso en la legítima defensa cuando concurran circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentra en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o racionalidad de los medios empleados para defenderse.
En todo caso de legítima defensa en que una mujer sea quien repele la agresión, jueces y agentes del Ministerio Público aplicarán la perspectiva de género para su análisis de la situación en la que ocurrió el caso concreto, a fin de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, se indica en la iniciativa para adicionar el artículo 27 del Código Penal.
En su exposición de motivos, el legislador señala que se busca dotar de certeza jurídica a los ciudadanos que constantemente ven amenazada su integridad física y la de sus familias, así como su patrimonio, dentro de sus domicilios, lugares de trabajo, e incluso escuelas y espacios públicos en la comunidad.
“No es posible que quienes resulten procesados e incluso sentenciados por repeler de manera legítima una amenaza o un ataque por parte de un delincuente, sean precisamente los sujetos pasivos de dicha amenaza o ataque, lo que fomenta tanto el temor a ejercer el derecho constitucionalmente reconocido a la legítima defensa”.
No es un hecho menor el que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de este año, se han cometido un total de 188 mil 160 delitos contra la vida y la integridad corporal, incluyendo homicidio y lesiones dolosas, 7 mil 403 de ellos en Michoacán, el 3.9 por ciento del total.
En el mismo periodo se han denunciado 768 mil 664 delitos contra el patrimonio, que incluyen el robo a casa habitación, asalto a transeúntes, robo de vehículos, con y sin violencia, 17 mil 223 de ellos en Michoacán, lo que representa el 2.24 por ciento del total nacional.
Ante esta situación, considera Aguirre, es menester dotar a la ciudadanía de garantías que le permitan ejercer su derecho a la legítima defensa, sin que esto signifique apología de la violencia o justificación de la autotutela prohibida por el artículo 17 constitucional.
“Es por ello que la legítima defensa no debe ser entendida como una autorización a la venganza privada, sino como un mecanismo excepcional de repulsión de un ataque injustificado que amenaza la vida, integridad o bienes de los ciudadanos de bien”.
