MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2019.- La organización de cinco presidentes municipales de diferente extracción partidista, presionó a que el Congreso del Estado recurriera a la figura del decreto legislativo para autorizarles la creación de un Sistema Intermunicipal de recolección, manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, afirmó el presidente de la comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, Hugo Anaya.

Con el decreto legislativo la 74 Legislatura quitaría candados para abrir la puerta de la inversión público privada que utilizan los gobiernos federal y estatal, pero que no se ha autorizado para los municipios y que ante la escasez de recursos se tiene que explorar y explotar.

“Ya es hora de quitarnos el estigma de que un particular no puede prestar un servicio básico porque es una privatización o va a robar, pero el mecanismo de la licitación pública abierta obliga a la transparencia”.

El diputado del Partido Acción Nacional por el distrito de La Piedad dijo que aparentemente esa iniciativa no prosperó, en el pasado trienio municipal ni en la 73 Legislatura, más por motivos políticos que por la falta de atribuciones del Congreso del Estado para autorizarlo porque la figura del decreto legislativo al que se recurrió está en la ley.

No obstante, adelantó que las figura de intermunicipalidad quedará plasmada en la nueva Ley Orgánica Municipal para que no se vuelva a correr el riesgo de perder inversiones a fondo perdido como estuvo a punto de ocurrir con casi 200 millones de pesos que aportará para ese proyecto el Banco Nacional de Obras Públicas.

Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública que, junto con la Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, dictaminaron a favor la iniciativa, señaló que otra de las bondades es que con solo un cinco por ciento de su presupuesto resolver uno de los problemas más complicados en la prestación de los servicios básicos, porcentaje que en lo individual no les alcanzaría.

Por eso se autorizó a los ayuntamientos de Venustiano Carranza, Cojumatlán, Villamar, Jiquilpan y Sahuayo a disponer la afectación de participaciones federales que les correspondan por el equivalente al cinco por ciento del total de las mismas hasta por un período de 30 años, las cuales serán garantía de pago a las obligaciones solidarias que se adquieren por parte del sistema intermunicipal.