Preocupante, exposición mediática de Spaguetti por Policía Morelia: CEDH

MORELIA, Mich., 29 de enero de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán inició una investigación formal por la exposición mediática del joven conocido como Spaguetti, detenido por una falta administrativa en Morelia, al advertir posibles afectaciones a la dignidad humana derivadas del uso público de su imagen y del tratamiento dado por autoridades y terceros al caso.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, el presidente del organismo, Josué Mejía, explicó que, aunque en un primer momento la Policía de Morelia no difundió el rostro ni datos personales del implicado, la posterior circulación de imágenes y videos de manera mediática obligó a la CEDH a intervenir.

“La sanción administrativa tiene una finalidad restaurativa y reeducativa, no punitiva ni de escarnio público”, subrayó.

Sin embargo, concedió que bajo el seudónimo Spaguetti no hay un señalamiento directo hacia el joven con su nombre completo, sin embargo, la difusión de las imágenes, su escenificación con esposas a Spaguetti impele a la CEDH a iniciar una investigación.

Detalló que el expediente ya fue abierto y que la CEDH solicitó a la autoridad municipal toda la información relacionada con el caso, particularmente la sentencia emitida por el juez cívico, para conocer su alcance jurídico, su definitividad y si fue impugnada.

“Nos preocupa. Necesito conocer la sentencia emitida por el juez cívico y también si hubo una impugnación al respecto o si esa sentencia ya generó su ejecutorio, o sea que ya se puede cumplir de manera adecuada”, explicó.

Mejía precisó que el análisis de la Comisión no se limita al aspecto jurídico de la sanción administrativa, sino al impacto de la exposición pública como posible mecanismo de escarnio, lo cual resulta incompatible con los principios que rigen este tipo de sanciones.

El ombudsperson estatal sostuvo que una falta administrativa no convierte a una persona en delincuente y recordó que incluso en casos de delitos graves el Estado está obligado a respetar los derechos constitucionales de quienes son investigados o sancionados.

“(Que haya incurrido en una falta administrativa) no le convierte en delincuente una falta administrativa. Y aunque fuera otra persona que cometiera un delito, lo que tenemos que hacer nosotros es revisar que se garanticen los principios constitucionales que tiene cualquier persona investigada y sentenciada”, afirmó.

Añadió que todas las personas conservan derechos y obligaciones en cualquier estatus jurídico en el que se encuentren.

“Todos tenemos derechos y obligaciones, tanto como víctimas, como investigados, como sentenciados”, puntualizó.

Respecto a la cobertura mediática, Mejía indicó que uno de los puntos clave de la investigación será determinar si existió una convocatoria institucional para la difusión del caso, ya que hasta ahora la Comisión no tiene certeza de que el ayuntamiento haya solicitado formalmente la presencia de medios.

“No puedo hablar de cuestiones subjetivas en un tema jurídico. Tenemos que tener la claridad de esta convocatoria y acreditarlo en un proceso de investigación adecuado”, dijo.

Explicó que, aunque el hecho ocurrió en un espacio público, eso no exime a las autoridades de su obligación de proteger la dignidad humana ni de evitar mensajes disuasivos mediante la exposición pública de personas sancionadas.

“Son ejemplos o mensajes disuasivos mediante la exposición pública, y eso nos preocupa completamente por el tema de la dignidad humana”, expresó.

Mejía insistió en que la CEDH no busca impedir la aplicación de sanciones previstas en los reglamentos municipales, como multas o trabajo comunitario, sino verificar que su ejecución se realice conforme al marco constitucional.

“Lo único que hace la Comisión es cuidar que, en el cumplimiento de la norma, se garantice el respeto pleno a los derechos humanos de cualquier ciudadano”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que el organismo también establecerá contacto directo con el joven involucrado para conocer su versión y contar con todos los elementos antes de emitir un pronunciamiento definitivo, al reiterar que la actuación de la Comisión debe ser objetiva y sustentada en información verificable.