Se disuelve marcha normalista en Morelia; agente de GC sufre quemaduras
MORELIA, Mich., 23 de noviembre de 2025.- La aprobación legislativa que permitirá aumentar el predial de manera automática cada año, aplicar cobros retroactivos de hasta cinco ejercicios fiscales por ampliaciones no reportadas y calcular el impuesto de adquisición con base en el valor más alto entre el catastral y el de mercado generó inquietud, rechazo y desconfianza entre contribuyentes entrevistados, quienes advirtieron falta de claridad, inequidad territorial y ausencia de beneficios proporcionales en servicios públicos.
Para José Luis Almón Becerril, la medida elimina un elemento básico de justicia tributaria: la notificación previa al ciudadano. Consideró que si el predial sube cada año, el mínimo debería ser avisar y explicar el criterio.

Señaló que en colonias periféricas, donde muchas viviendas fueron adquiridas por familias de ingresos limitados, abundan pequeñas ampliaciones que no necesariamente fueron supervisadas por el municipio en el momento preciso.
Recordó que antes había revisiones periódicas, pero no siempre coincidían con la presencia de los propietarios. Dijo que con las nuevas reglas queda la duda sobre “si sí debemos de pagar o no debemos de pagar” cuando no hubo inspecciones previas.
En su percepción del uso de los recursos, Almón Becerril afirmó que tanto el gobierno estatal como el municipal realizan obras, aunque con un sesgo territorial evidente.
Destacó que el Centro de Morelia muestra mejoras visibles, mientras que “las orillas no hace absolutamente nada”, y describió baches constantes y servicios deficientes. Mencionó que el Boulevard García de León está en buen estado, pero que el contraste es evidente en las colonias populares.
Añadió que las motivaciones políticas influyen en la asignación del gasto público y que las obras suelen coincidir con aspiraciones electorales. “Creo que todo tiene un fin”, expresó.
Para Francisco, la reforma fue sorpresiva y carente de explicación técnica. Cuestionó que el Congreso aprobara los cambios sin detallar los criterios de actualización, sin justificar el cobro retroactivo ni explicar cómo se definirán las tablas catastrales.
Recordó que él ya había enfrentado incrementos luego de que el Ayuntamiento detectó modificaciones en su vivienda mediante imágenes satelitales o drones, pero subrayó que antes no estaba previsto un retroactivo de cinco años.
La ampliación del periodo, dijo, constituye un endurecimiento directo contra el contribuyente, quien podría ver ajustes significativos sin haber sido notificado con oportunidad.

En cuanto al impuesto de adquisición basado ahora en el valor más alto, Francisco señaló que encarecerá las operaciones de compra venta, en particular para familias que adquieren vivienda modesta o buscan regularizar su patrimonio.
Afirmó que el impacto será más evidente a partir de enero, cuando se apliquen los nuevos valores. También advirtió que, ante la falta de claridad, existe el riesgo de que la ciudadanía reaccione con protestas al conocer los montos actualizados.
Desde un municipio fuera de la capital, María Alejandra García López compartió su preocupación como contribuyente que paga actualmente 525 pesos de predial.

Afirmó que el incremento automático afectará su economía familiar, ya que los ingresos no siempre son estables y muchos hogares deben priorizar alimentación y necesidades básicas.
Señaló que en su comunidad no existen servicios acordes al monto recaudado y mencionó la falta de pavimentación, alumbrado y limpieza.
Dijo que, pese a las promesas de cada administración municipal, las condiciones siguen sin mejorar y los ciudadanos pagan sin recibir beneficios palpables.
García López también cuestionó que el impuesto de adquisición se calcule por el valor más alto, al considerar que esta fórmula no toma en cuenta el poder adquisitivo real ni la disparidad entre zonas urbanas y comunidades rurales. Consideró que los precios deberían disminuir, no encarecerse, para facilitar el acceso a la vivienda.
Las voces consultadas coinciden en que los cambios aprobados requieren explicación, transparencia y criterios equitativos.
Mientras la Secretaría de Finanzas estatal prepara las nuevas tablas catastrales para 2026, los contribuyentes anticipan aumentos que consideran poco justificados y temen que los cobros automáticos se conviertan en una carga que no se reflejará en infraestructura ni servicios proporcionales.




