Pide viuda de Bernardo Bravo investigar crimen por su activismo limonero

MORELIA, Mich., 10 de diciembre de 2025.- A 51 días del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán y defensor de derechos económicos y sociales del sector agrícola, su esposa, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich), Amelí Gissel Navarro Lepe accedió por primera vez a responder preguntas de la prensa sobre el asunto. 

En encuentro con medios de comunicación, la mañana de este miércoles, Navarro Lepe, quien en medio del duelo no soltó las riendas del Teemich, habló en momentos con la voz entrecortada, en un encuentro con medios la mañana de este miércoles, donde pidió que la línea de investigación considere de manera seria y obligada su activismo y el papel que desempeñó como defensor del gremio limonero.

Frente a un ambiente de evidente carga emocional, la magistrada recordó que Bernardo no sólo era productor de limón, sino un líder social que durante años alertó sobre las condiciones adversas en la región del Valle de Apatzingán. 

Enfatizó que su labor trascendía lo económico y alcanzaba la defensa de derechos colectivos, al impulsar organización, exigir mejoras en la cadena productiva y visibilizar las problemáticas que enfrentaban los trabajadores del campo.

Planteó que esos llamados de auxilio y advertencias públicas deben ser parte central del análisis del caso. Señaló que, por ley, las autoridades tienen la obligación de aplicar una investigación reforzada cuando se trata de personas defensoras.

Y es que, recalcó que el Estado está obligado a garantizar su seguridad, protegerlas de riesgos y evaluar los contextos en que se desarrolla su labor. Recalcó que la calidad de activista de Bravo no es un elemento accesorio, sino esencial para entender el crimen y para determinar responsabilidades.

Con reservas para no entorpecer la investigación, dijo, comentó que del proceso no sabe mucho: "sé lo que ustedes". Afirmó que el proceso penal está en curso, que ella será respetuosa de las instituciones y que, como ciudadana y víctima, exigirá justicia integral. 

Explicó que esta implica medidas de satisfacción, reparación, garantías de no repetición y acciones estructurales que atiendan las condiciones que permitieron los hechos. 

Navarro Lepe subrayó que el Valle de Apatzingán debe ser analizado en su complejidad, no solo desde lo delictivo, sino desde lo social y lo económico, que durante años han afectado al gremio limonero y a las comunidades de la región.

Consultada sobre posibles hipótesis o vínculos con estructuras criminales, evitó especular y afirmó que ese análisis corresponde únicamente a las autoridades investigadoras. 

Sin embargo, recalcó que el contexto de su actividad como defensor de derechos humanos debe ser ineludible en la indagatoria. 

Aclaró que Bernardo trabajaba de manera institucional, colaboraba con autoridades y apostaba por proyectos que fortalecieran al campo, por lo que es indispensable observar la dimensión social de su liderazgo.

Con la voz nuevamente quebrada, la magistrada reconoció que su vida personal se transformó en medio de un hecho profundamente mediático y doloroso, y pidió prudencia respecto a la seguridad de sus hijos. 

También expresó que, aunque no le corresponde solicitar acompañamiento institucional especial, sí demanda que las autoridades cumplan estrictamente con las competencias que les otorga la ley.

Finalmente, sostuvo que el legado de Bernardo no debe apagarse. Dijo que la organización limonera que él impulsó sigue vigente y que su mensaje continúa resonando entre quienes buscan mejores condiciones para el campo. 

Reiteró que la exigencia de justicia no es un asunto individual, sino una demanda legítima de la sociedad civil frente a la violencia que enfrentan quienes defienden derechos colectivos.