Pese a pintas, FGE reporta una sola denuncia en 5 meses

MORELIA, Mich., 15 de junio de 2026. - De enero a mayo de este año, la Fiscalía General del Estado registró únicamente una denuncia por daño a la imagen urbana, pese a que durante ese periodo diversas manifestaciones sociales dejaron pintas en edificios públicos, monumentos e inmuebles gubernamentales, además de daños en puertas y ventanas de algunas dependencias.

Las movilizaciones encabezadas por colectivos feministas, estudiantes normalistas, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, habitantes de Arantepacua y otros grupos sociales han incluido acciones de protesta sobre inmuebles públicos en distintos municipios del estado.

Sin embargo, las estadísticas oficiales de la Fiscalía reflejan que solo una querella fue presentada por el delito de daño contra la imagen urbana.

De acuerdo con el Artículo 232 Bis del Código Penal del Estado de Michoacán, comete este delito quien de manera dolosa dañe muros, paredes, puertas, ventanas o cualquier elemento fijo ubicado en la vía pública mediante pintas.

La legislación establece que la sanción corresponde a una tercera parte de la pena prevista para el delito de daño en las cosas doloso contemplado en el Artículo 228 del mismo ordenamiento, sin que la prisión pueda ser menor a seis meses.

Además, la norma contempla de cinco a quince días de trabajo en favor de la comunidad, los cuales deberán consistir preferentemente en acciones encaminadas a la reparación del daño causado.

No obstante, el propio Código Penal señala que este delito se persigue por querella, lo que significa que la autoridad únicamente puede iniciar una investigación cuando la parte afectada presenta una denuncia formal.

La cifra de una sola denuncia contrasta con los posicionamientos públicos emitidos por autoridades estatales y municipales después de diversas protestas, en los que se han condenado las pintas y los daños a inmuebles oficiales.

Los registros de la Fiscalía muestran que, pese a la recurrencia de estos hechos durante movilizaciones y manifestaciones públicas, la mayoría de los casos no derivó en una querella formal por parte de las instituciones afectadas.