MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2017.- Finanzas & Infraestructura es la empresa que se hará cargo de la reestructura de los 10 mil 906 millones de pesos de la deuda pública estatal, la cual está representada por Octavio Salazar Guzmán, un personaje que ha estado implicado en varios escándalos de corrupción y ha sido inhabilitado y hasta detenido.
Esa empresa ganó la licitación para prestar servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoría financiera para el diagnóstico, análisis y elaboración de estrategias respecto a los pasivos financieros del Gobierno del Estado, el 28 de julio de 2016, de acuerdo con el resultado del fallo que el Gobierno del Estado hizo llegar al Congreso del Estado.
Salazar Guzmán, en su calidad de apoderado, fue quien firmó el contrato con el Gobierno del Estado, el cual cobrará el 0.95 por ciento del monto a reestructurar o refinanciar y que tiene vigencia por un año.
Los antecedentes del apoderado legal de Finanzas & Infraestructura ponen en duda la transparencia con la que se pueda realizar ese procedimiento con el que se pretende dar un poco de liquidez a las finanzas estatales y evitar un posible incumplimiento de pago.
En abril de 2012, cuando era director general adjunto de Administración de la comisión Federal de Telecomunicaciones, Salazar Guzmán fue detenido por violaciones a la normatividad presupuestal mientras fue Administrador en la Aduana de Mazatlán, pero pagó una fianza de 40 mil pesos a cambio de su libertad.
Antes, en 2008, cuando fue director general del consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y para permanecer en el puesto, tuvo que presentar exámenes para el Servicio Profesional de Carrera y pese a que otros dos concursantes obtuvieron mejores calificaciones que él, se quedó en el puesto.
Según un reportaje publicado por El Universal, el 2 de abril de 2008, bajo la firma de Miguel Ángel Ceballos, el ahora especialista en finanzas, tenía ya entonces tres sanciones de la Secretaría de la Función Pública por negligencia administrativa y violación a las leyes y normatividad presupuestal.
La constante es la misma en todas las dependencias en las que ha laborado Salazar Guzmán como son la Aduana de Mazatlán, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conaculta y Cofetel, por lo que ha sido amonestado, sancionado, inhabilitado o detenido, pero el Gobierno del Estado deja en sus manos la reestructura de una parte de la deuda pública estatal.